Ministros rechazan acusación de que la Corte presiona para imputar por “ocupaciones vip”

Los ministros César Garay Zuccolillo y Víctor Ríos Ojeda, rechazaron la supuesta declaración del fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández, quien acusó que desde la Corte Suprema se presiona para que el fiscal Diego Arzamendia impute en el caso de los “ocupantes vip”. El Jurado, que integra Garay, tomó la determinación de iniciar una próxima investigación al agente fiscal ante su supuesta inacción.

Participaron de la sesión ordinaria de la Corte Suprema de Justicia los ministros:César Diesel, Víctor Ríos, Manuel Ramírez, Gustavo Santander, César Garay, María Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón, Eugenio Jiménez, Luis María Benítez Riera.
Los ministros de Corte Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón, Eugenio Jiménez Rolón, Luis María Benítez Riera, César Diesel, Víctor Ríos, Manuel Ramírez Candia, Gustavo Santander y César Garay, en la sesión plenaria.gentileza

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En la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de este miércoles 21 de febrero, los ministros César Garay y Víctor Ríos Ojeda, rechazaron las declaraciones a un medio de prensa que hizo el fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández, quien supuestamente acusó que desde la Corte se presiona al fiscal Diego Arzamendia para imputar en el caso de la invasión a la finca 916 que pertenece al Ministerio de Defensa Nacional, en el caso conocido como de los “ocupantes vip”.

Los ministros aclararon que el estudio en el Jurado del presunto mal desempeño del agente fiscal, es porque el Ministerio Público no presenta resultados de su “investigación”.

Antecedentes del pedido de investigación al fiscal Arzamendia

Por su parte, el ministro Garay aclaró que junto al también ministro Manuel Ramírez Candia integran el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y en la sesión ordinaria de éste órgano del martes 20 de febrero, se resolvió por unanimidad de los miembros presentes, iniciar las averiguaciones acerca del desempeño del fiscal Diego Arzamendia.

En una nota que remitió el ministro Garay Zuccolillo el 16 de febrero pasado al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y leída el martes por el miembro Enrique Berni, se delataba que el fiscal Arzamendia, quien fue asignado para la investigación de los supuestos “ocupantes vip” en la zona conocida como Jardines de Remansito, Presidente Hayes, se ponía a conocimiento de que el agente no había siquiera iniciado las averiguaciones a pesar de haber transcurrido más de 4 meses.

En la misma nota, también se destacó que el fiscal Arzamendia no había realizado imputaciones en la causa a pesar de que había incuestionables pruebas acerca de la invasión de la finca 916 que pertenece al Ministerio de Defensa Nacional.

La investigación en el JEM es para analizar si la actuación del fiscal Arzamendia se encuadra o no a lo que llaman mal desempeño de funciones, se había argumentado. A partir del 20 de marzo próximo, el JEM está habilitado para analizar la actuación del agente.

Garay dice que es para aclarar sobre actuación del fiscal

“Entonces, la decisión unánime del JEM es con el único objetivo de tener la plena y total claridad y por sobre todo la certeza jurídica de que esos episodios serán averiguados e investigados”, explicó el ministro Garay en la sesión plenaria de la Corte Suprema de este miércoles.

Garay reiteró que la Corte no se inmiscuirá en este ni en ningún otro caso que se esté tramitando ante el Ministerio Público.

En otro momento, Garay recordó que por su condición de Superintendente de la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, es quien recibe las consultas y hasta en algunos casos reclamos de instituciones sobre que ha sucedido sobre las llamadas “ocupaciones vip” a las que nos estamos abocando, indicó.

Las tierras del Estado invadidas por los “ocupantes vip”

La iniciativa de expropiación fue ingresada el 3 de junio de 2022, por el exdiputado y ahora senador Basilio “Bachi” Núñez y el exlegislador Edwin Reimer, ambos cartistas. En su exposición de motivos se detalla que la desafectación de las tierras públicas es por el pedido que realizan familias ante la necesidad de regularizar la situación de ocupación de hecho. Señala que dichas familias ocupan una longitud aproximada de 1,5 kilómetros a lo largo del río Paraguay.

El escándalo estalló el 27 de septiembre de 2023, cuando las senadoras Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) y Celeste Amarilla (PLRA) denunciaron el despojo perpetrado en virtud de una ley, sancionada “automáticamente”, que declara de interés social y desafecta del dominio privado del Ministerio de Defensa Nacional, a favor de la Municipalidad de Villa Hayes, una parte de la finca N° 916, ubicada en ese distrito, para su posterior venta a sus actuales ocupantes.

El 1 de octubre de 2023, el Ministerio de Defensa anunció que estaba buscando con la Procuraduría General de la República una estrategia para recuperar la fracción de 131 hectáreas, que incluiría un eventual pedido de desalojo de los intrusos.

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