El procurador Marco Aurelio González y el juez José Villalba se constituyeron hasta la finca 916, del distrito de Villa Hayes, para solicitar documentación a todos los ocupantes que habrían sido beneficiados con la expropiación impulsada en el Congreso al predio del Ministerio de Defensa.

Varios de los ocupantes se acercaron hasta la prensa para asegurar que cuentan con toda la documentación que indica que hicieron un proceso en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y que están desde hace dos décadas en la zona.

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“Somos pobladores desde hace aproximadamente 20 años. Cuando se presentaron dos sectores empresariales con títulos de contenido falso, ¿dónde estaban para defender las tierras del Estado? Ahora que nosotros -paraguayos legítimos- entramos, mejoramos el lugar y tratamos de darle la cara que hoy en día tiene, nos quieren desalojar como si fuéramos delincuentes y no tenemos derecho como paraguayos de estar en la tierra de los paraguayos”, enfatizó uno de los ocupantes.

Asimismo, aseguró que no se apropió de nada de manera ilegal y que realizó todos los conductos legales antes de ingresar a la tierra.

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Dicen tener aprobación del Indert y decretos presidenciales

Otro de los ocupantes confirmó que eran conscientes de que las tierras pertenecen al Ministerio de Defensa antes de invadirlas. “Esto me cedió el Indert, ahí está el documento. Mensura judicial tenemos, dos decretos presidenciales tenemos”, aseguró.

Dijo que cuando llegaron la zona era inhóspita y ellos la “hermosearon” y crearon fuentes de trabajo. Recalcó que hicieron una mesa de trabajo con el Indert y le dieron entrada a todo el proceso legal.

Aseguró que él mismo construyó el muro que rodea la zona y contó que se dedica a varios rubros. “Doy fuente de trabajo y el otro rubro que teníamos era turismo, para que vengan a invertir. Yo tengo derecho a tener una tierra, hemos dejado una maravilla, ¿por qué no vinieron 15 años atrás cuando no se podía llegar hasta acá?”, cuestionó.

Algunos de los ocupantes que hablaron se identificaron como Miguel Reinald, Rubén Velastigui y Daniel Llano Benítez.

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Procurador aseguró que existe mala fe y prometió proteger las tierras del Estado

Al constituirse en la finca, el procurador Marco Aurelio González señaló que lo hicieron para solicitar todos los documentos que tengan los ocupantes sobre la invasión al predio que pertenece al Ministerio de Defensa, para luego avanzar en el proceso judicial.

“Nosotros estamos seguros de que no tienen ninguna legitimación, pero nos gustaría que den a conocer la situación que eventualmente les podría amparar. Ellos tienen la obligación de proveer la información y el juez les va a exigir”, agregó.

En otro momento, destacó que solicitó una orden de no innovar para que los ocupantes ya no sigan construyendo en las valiosas tierras.

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Dijo que no tienen un listado real de los ocupantes y que por ello comienzan esta diligencia para luego impulsar una demanda y accionar ante el Ministerio Público si obtienen todos los elementos necesarios.

“Tenemos información de que no existe en el Indert (ninguna documentación), pero no sabemos si en otras administraciones se ha emitido algo”, señaló en un momento dado.

Finalmente, prometió accionar de acuerdo a la ley para deslindar todas las responsabilidades que correspondan y garantizar que las tierras continúen perteneciendo al Estado paraguayo.

“Este inmueble es del Estado paraguayo y tenemos la obligación de recuperar estos bienes que son de dominio del Estado paraguayo”, sentenció ante los medios.