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El recurso extraordinario de casación interpuesto por las defensas de las abogadas Liz Elena Martínez Robles y Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín, en contra del el Auto Interlocutorio N° 343 del 30 de noviembre del 2023 dictado por el Tribunal de Apelación Penal del Fuero Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, fue declarado inadmisible por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dejando así firme la elevación a juicio oral y público la causa que afrontan las letradas junto a la exfiscala Ana Girala y otros.
Por unanimidad los ministros María Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia concluyeron que el fallo atacado no pertenece al catálogo de resoluciones impugnables a través del recurso extraordinario de casación, en consecuencia indicaron que deviene inoficioso el análisis de los demás requisitos de forma en razón de que el incumplimiento de uno de ellos trae aparejada la mencionada sanción procesal.
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La exfiscala Ana Girala está acusada de presunto cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado (coima), extorsión, asociación criminal y persecución a inocentes; mientras que la asistente de la Unidad Penal N° 1 de San Lorenzo, Christi Magalí Ortega Domínguez, y la secretaria de dicha unidad fiscal, Griselda Beatriz Acha Alcaraz serán juzgadas como presuntas coautoras y cómplices de los hechos punibles atribuidos a la exagente del Ministerio Público.
A su vez las abogadas Liz Elena Martínez Robles está acusada como presunta autora de extorsión, tráfico de influencias y asociación criminal; y Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín es sindicada por el Ministerio Público como supuesta autora del hecho punible de tráfico de influencias.
Ana Girala dirigía esquema de “apriete”, según Fiscalía
El 16 de febrero de este año se realizó una entrega vigilada y fueron fueron aprehendidas la asistente fiscal Griselda Beatriz Acha Alcaraz y las abogadas Liz Elena Martínez Robles y Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín. La investigación permitió identificar como los demás supuestos integrantes del esquema extorsivo a la asistente fiscal Christi Magalí Ortega Domínguez y el abogado Marcos Aurelio Velazco Mendoza, todos acusados por el Ministerio Público.
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La pericia realizada por el Ministerio Público a los celulares de las sospechadas dejó al descubierto que la fiscala Ana Girala no solamente estaba al tanto de todo, sino que dirigía esas negociaciones, de acuerdo a la acusación presentada por el fiscal Osmar Legal.
Peor aún, quedó al descubierto una verdadera “oficina de recaudación” en plena Fiscalía. “En muchos casos, las funcionarias Christi Magalí Ortega Domínguez y Griselda Beatríz Acha Alcaraz recibieron sumas de dinero en efectivo en la propia secretaría fiscal de la Unidad Penal Nº 1 de San Lorenzo y luego se distribuían el dinero en efectivo e, incluso, realizaban dichas distribuciones a través de transferencias bancarias entre las tres”, resalta la acusación.
“(...) éste no fue el único caso, causa penal, ni la única oportunidad en que las acusadas negociaron “salidas procesales” a cambio de la solicitar y recibir sumas de dinero para repartirse entre ellas”, destaca en su escrito conclusivo el fiscal Legal, quien presentó 28 casos de “aprietes” desde setiembre del año 2022, inclusive.
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Fiscalía funcionaba como “oficina de recaudación”
La pericia realizada por el Ministerio Público a los celulares de las sospechadas dejó al descubierto que la fiscala Ana Girala no solamente estaba al tanto de todo, sino que dirigía esas negociaciones, de acuerdo a la acusación presentada por el entonces fiscal Osmar Legal.
Peor aún, quedó al descubierto una verdadera “oficina de recaudación” en plena Fiscalía. “En muchos casos, las funcionarias Christi Magalí Ortega Domínguez y Griselda Beatríz Acha Alcaraz recibieron sumas de dinero en efectivo en la propia secretaría fiscal de la Unidad Penal Nº 1 de San Lorenzo y luego se distribuían el dinero en efectivo e, incluso, realizaban dichas distribuciones a través de transferencias bancarias entre las tres”, resalta la acusación.
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“(...) éste no fue el único caso, causa penal, ni la única oportunidad en que las acusadas negociaron “salidas procesales” a cambio de la solicitar y recibir sumas de dinero para repartirse entre ellas”, destaca la acusación del Ministerio Público, que presentó 28 casos de “aprietes” desde setiembre del año pasado, inclusive.