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En el colegio Andrés Barbero de San Pedro del Ycuamandyyú quedó inconclusa y abandonada una obra para aula. La misma figura en la Municipalidad de San Pedro del Ycuamandyyú como culminada y fue abonada incluso en su totalidad. La “obra” fue documentada en su momento en la denuncia junto con otras obras, incluso nunca iniciadas, pero que figuran como culminadas. La complaciente justicia, ante la corrupta clase política, permitió la impunidad y genera el hartazgo juvenil.
La comunidad educativa del colegio Andrés Barbero levanta la voz. Denuncian la falta de respuestas a la corrupción y toma la institución para exigir condiciones mínimas para estudiar, pero hasta ahora tampoco encuentran respuestas.
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Un grupo de concejalas de una multibancada y un puñado de ciudadanos aglutinados en la contraloría ciudadana comenzaron a denunciar en San Pedro del Ycuamandyyú la caótica administración municipal del colorado cartista Gustavo Rodríguez, con movilizaciones y denuncias documentadas, y se logró la auditoria de la Contraloría General de la República.
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La Contraloría emitió un lapidario informe de los despilfarros de los recursos de la Comuna, que sirvió para el grupo de ediles y la ciudadanía a seguir en la lucha, hasta que se logró la intervención de la institución municipal.
El intendente Gustavo Rodríguez (ANR-HC) fue apartado de su cargo, (se postuló también para diputado, pero no logró un escaño), y todas las denuncias fueron corroboradas en un lapidario informe del interventor designado por el Ejecutivo, Amancio Rivas, que determinó un presunto daño patrimonial por G. 18.000 millones.
La municipalidad emitió cheques de G. 811.439.000 en el 2021 justificando la erogación con la que realizaron construcciones varias sin que exista evidencia de documentos que demuestren que la adjudicación hubiera sido procesada por la ley 2051/03, además de pagar G. 600.000.000 por aulas con acta de recepción definitiva, a pesar de que no se cumplieron con las especificaciones técnicas, entre otras tantas pruebas de despilfarros.
Por todo esto y tras una larga lucha de ciudadanos indignados y ediles, Gustavo Rodríguez (ANR-HC), en marzo del año 2023, fue imputado por la agente fiscal Victoria Acuña, por lesión de confianza, junto a sus funcionarios, Vicente Báez, Rubén Alder Leguizamón, José Luis Baruja Legal, Sergio Isasi, Diego Armando Espínola, Giselle Nohemi Irala, Pedro Antonio Morel y Fátima María Pereira Ocampo. También se presentó la denuncia en la Fiscalía de San Pedro del Ycuamandyyú, pero nunca avanzó.
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Acorralado por las denuncias, las pruebas y ante la inminente destitución por parte de los parlamentarios, el 22 de marzo el político renunció al cargo y se convocó a una nueva elección. Asumió como interino Rodrigo Molinas y fue electo Carlos Quiñonez (ANR-HC) para completar el mandato.
Pero la complaciente justicia le pasa la mano al político, ignorando la lucha de la ciudadanía y las denuncias documentadas. En octubre del año 2023 el juez de Garantías Humberto Otazú otorgó, a pedido de la agente del Ministerio Público Alma Zayas, el sobreseimiento provisional al exintendente de San Pedro del Ycuamandyyú Gustavo Rodríguez (ANR-HC) y a los otros siete funcionarios municipales procesados por lesión de confianza.
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El grupo de ediles y la ciudadanía que luchó y documentó la corrupción quedó sumido en la impotencia, hasta que en la semana la comunidad educativa se levanta como víctima de la corrupción y enciende de nuevo una luz de esperanza.