Jueces resolverán si las causas siguen o no

Legal tiene el caso, en el que el senador Erico Galeano está procesado por lavado de dinero y asociación criminal.

El juez deberá resolver si hace lugar a una excepción de falta de acción requerida por la defensa con el argumento de que a EricoGaleano le restituyeron los fueros y no puede seguir procesado, o si considera lo señalado por el fiscal Silvio Corbeta de que no hay impedimento legal para continuar el proceso.

El juez tiene tres días hábiles, contados desde el lunes, por lo tanto hasta el próximo miércoles 17 cuenta con tiempo paradictar la resolución.

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Paralelamente el juez Miguel Palacios debe resolver si admite el pedido de desestimación de la causa requerido por la defensa del senador Hernán Rivas, en el caso de producción de documento público de contenido falso.

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El magistrado deberá, este lunes, correr vista a la fiscalía el próximo lunes 15 y la fiscala Patricia Sánchez tendrá hasta el jueves 18 de abril para emitir un dictamen al respecto.

Poteriormente, el juez Palacios tendrá hasta el martes 23 de abril tiempo para dictar una resolución.

Paralización del proceso

Para que se paralice el proceso, los jueces deberán dictar una resolución en la cual tendrán que fundamentar los motivos por los cuales consideran que los senadores pueden ser beneficiados con la restitución de fueros.

Cada causa es independiente, por lo que cada juez puede tener una postura distinta o podrían compartir el mismo criterio.

Si los dos jueces paralizan el proceso, fiscalía no podrá continuar los casos de Galeano y Rivas. Si en una causa penal, un juez paraliza el proceso y en el otro ocurre lo contrario, el fiscal de esto último caso tendrá la libertad de seguir investigando.

Toda resolución es recurrible, por lo que ambos casos pasarán por la Cámara de Apelaciones y llegarán hasta la Corte Suprema de Justicia.

En el caso del senador Rafael Filizzola (PDP), es la sala penal la que debe expedirse sobre un recurso de casación presentado por la defensa, contra la resolución que revoca la extinción de la causa, en la que el legislador está procesado por lesión de confianza, por obras inconclusas en las comisarías.