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El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia atendió el pedido de las defensas e hizo lugar a la suspensión condicional del procedimiento para Higinio Duarte Benítez, Alfredo Gustavo Aquino y Yennifer Basilisa Leite Escobar, acusados por el hecho de soborno en el esquema de coima que habría liderado la propia Ana Girala, en su carácter de fiscala de San Lorenzo.
En la audiencia preliminar llevada a cabo este martes 16 de abril, primeramente los fiscales Diego Arzamendia y María Verónica Valdez se ratificaron en la acusación en contra de los tres procesados, pero ante el planteamiento de las defensas los agentes del Ministerio Público se allanaron a la suspensión condicional del procedimiento.
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Los fiscales del caso argumentaron su postura a favor de la salida procesal, señalando que el hecho de soborno prevé una expectativa de pena de hasta dos años de cárcel, por lo que consideraron que la personalidad, la conducta y las condiciones de vida permiten esperar que sin privación de libertad y sometidos a obligaciones o reglas de conducta, los procesados puedan prestar satisfacción por el ilícito ocasionado.
Por su parte, los acusados, al ser interrogados por el Juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos, aceptaron la comisión del hecho punible de soborno, ofrecieron reparar el daño ocasionado y admitieron las condiciones para el cumplimiento de la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento.
Medidas que deben cumplir implicados en esquema de coima
En concepto de reparación del daño, el juez de Garantías impuso a la procesada Yennifer Basilisa Leite Escobar la obligación de realizar el pago de G. 15 millones, en pago fraccionado de 24 cuotas iguales de G. 625.000, al Hospital General Materno Infantil del Barrio San Pablo de Asunción, a cargo del director general Vicente Acuña Apleyard, debiendo presentar constancia suficiente del pago en el plazo de dos días.
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Por su parte, el encausado Higinio Duarte Benítez tiene la obligación de pagar la suma de G. 45 millones, en pago fraccionado de 24 cuotas iguales de G. 1.875.000, a la Unidad de Salud Familiar que funciona en el Policlínico del Barrio San Miguel de la ciudad de Villarrica, departamento del Guairá, a cargo del Dr. David Martínez, debiendo presentar en un plazo de dos días la constancia suficiente de cumplimiento.
A su vez, el procesado Alfredo Gustavo Aquino tiene la obligación de realizar el pago de G. 15 millones, en pago fraccionado de 24 cuotas iguales de G. 625.000, al Hospital General Materno Infantil del Barrio San Pablo de Asunción, en concepto de reparación del daño, debiendo presentar constancia suficiente del pago en el plazo de dos días.
Además, el Juzgado de Garantías impuso a los tres encausados las siguientes reglas de conducta: obligación de comparecer en forma trimestral al Juzgado de Ejecución a los efectos de firmar el libro de comparecencias, del 1 al 10 de cada mes; obligación de comunicar el cambio de domicilio y salida y entrada al país.
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Imputados por esquema de apriete
La imputación presentada el 14 de agosto de 2023 por el entonces fiscal anticorrupción Osmar Legal (actualmente juez de Garantías), en contra Higinio Duarte Benítez resalta que entre los meses de octubre y noviembre del año 2022 habría realizado tratos con la funcionaria Griselda Beatriz Acha Alcaraz y, por su intermedio, con la fiscal Ana Elizabeth Girala López a los efectos de que esta, a cambio de la entrega de sumas de dinero, formule imputación en el marco de la causa penal N° 9.803/2022.
De acuerdo a la fiscalía el dinero en efectivo entregado fue de G. 15.000.000 a la funcionaria Acha Alcaraz y esta, a su vez, a la agente fiscal Girala López, quien posteriormente presentó la imputación en la causa penal, como habrían acordado.
El Ministerio Público agregó que durante el mes de enero de 2023, tanto el abogado Alfredo Gustavo Aquino como Yennifer Basilisa Leite Escobar habrían mantenido contacto con la funcionaria fiscal Griselda Beatriz Acha Alcaraz, solicitando por su intermedio a la fiscal Ana Elizabeth Girala López que formule imputación en el marco de la causa penal N° 47/2023.
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Según la hipótesis de la fiscalía, el dinero en efectivo entregado habría consistido en la suma de G. 10.000.000. Una vez asegurada la entrega, se procedió a la imputación pactada entre los implicados en el esquema.