Libertad ambulatoria para procesados por esquema de usura vinculado a RGD

El presidente del Club Resistencia Roberto Alejandro Garcete Cano y su madre Lida Concepción Cano de Garcete, procesados por la presunta comisión de varios hechos punibles en un esquema de usura vinculado a Ramón González Daher, consiguieron la libertad ambulatoria. El juzgado mantuvo la fianza de G. 1.500 millones para cada uno.

De izquierda a derecha. El vicepresidente, Roberto Garcete (padre), junto al presidente Roberto Garcete (hijo) y Miguel Ángel Zahzú.
De izquierda a derecha. El vicepresidente, Roberto Garcete (padre), junto al presidente Roberto Garcete (hijo) y Miguel Ángel Zahzú.@ResiSportClub

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El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia otorgó la libertad ambulatoria al presidente del Club Resistencia, Roberto Alejandro Garcete Cano, y a su madre Lida Concepción Cano de Garcete, quienes cumplían arresto domiciliario desde octubre del año pasado, en el proceso que afrontan por el presunto esquema de usura vinculado al condenado a 15 años de cárcel Ramón González Daher.

El magistrado mantuvo la fianza real de G. 1.500 millones para cada procesado, quienes además tienen prohibición de salir del país sin autorización judicial, obligación de presentarse entre el 1 y el 5 de cada mes para firmar el libro de actas, y prohibición de cambiar de domicilio sin dar aviso al juzgado.

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En esta causa también está procesado Roberto Garcete Rodríguez, vicepresidente del Club Resistencia, por presunta usura, lavado de dinero, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.

La imputación fue presentada el 31 de julio de 2023 por el entonces fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Luis Said, pero como el mismo fue asignado a la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico, el caso quedó a cargo de la agente Belinda Bobadilla, quien tiene tiempo límite hasta el próximo 31 de julio de 2024 para presentar requerimiento conclusivo.

Supuesto esquema de usura ligado a RGD

Según la imputación presentada por el fiscal Luis Said, la víctima de usura Eladio Britos, en conocimiento de que Roberto Garcete se dedicaba a realizar operaciones informales de préstamo de dinero, recurrió a él en fecha 26 de junio de 2013 y le solicitó en ese concepto la suma de G. 200.000.000 que le habría sido otorgada por parte del ahora imputado.

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Para la entrega del dinero en efectivo, Garcete convocó al Sr. Eladio Britos y a sus hijas María Laura y Rossana Britos en la Escribanía Pública de María de Lourdes Duarte Franco, ubicada en la ciudad de Asunción, donde antes de la entrega del dinero el prestamista estableció como exigencia la formalización de un documento por el que María Laura y Rossana Britos debían comprometerse al pago del préstamo, garantizando la operación con un inmueble.

El Ministerio Público señala en el acta de imputación que en esa misma fecha el imputado Roberto Garcete habría entregado frente a la escribanía al Sr. Eladio Britos la suma de G. 200.000.000 en efectivo en concepto del préstamo.

“Britos y sus hijas en ningún momento recibieron la supuestas sumas señaladas en la escritura en concepto de compraventa (G. 300.000.000 o G. 1.500.000.000), pues ellos no han consentido ese acto de compraventa, como tampoco han accedido a copia del documento firmado por María Laura y Rossana Britos”, resalta la imputación fiscal.

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Víctima fue desalojada por Roberto Garcete tras reunión con RGD

El 26 de noviembre de 2014, el imputado Roberto Garcete Rodríguez se habría comunicado con el Sr. Britos, a quien convocó a una reunión para el 27 de noviembre de 2014, en una oficina ubicada en la calle Yegros entre Cerro Corá y 25 de mayo, en Asunción.

El Sr. Britos acudió al lugar señalado por Garcete Rodríguez, acompañado de sus hijas María Laura y Rossana, donde pudieron advertir en ese momento que el lugar era oficina de Ramón González Daher, quien inmediatamente se dirigió a ellos y les impuso un plazo de treinta días para que desalojen su vivienda que había sido objeto de garantía del préstamo de G. 200 millones.

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La fiscalía resalta que este hecho “determina la sospecha fundada acerca de la directa intervención de Ramón González Daher en éste esquema delictivo y quien fue juzgado por éstos hechos y condenado con sentencia firme”.

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