En el juicio oral y público al exintendente colorado de Mariscal Estigarribia, Eladio Ramón Alcaraz Pereira por supuesta lesión de confianza, la defensa del político intentó truncar la audiencia antes de su inicio, con una serie de incidentes que fueron rechazados por el Tribunal de Sentencia.
Nulidad de la acusación y prescripción fueron los incidentes planteados con el fin de archivar el caso. La defensa también planteó la exclusión probatoria de la pericia y una excepción de competencia, con el propósito de llevar la causa a Filadelfia.
Tras rechazar los planteamientos de la defensa, el Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos integrado por Elsa García (presidenta), Matías Garcete y Adriana Planás, dio inicio al juicio oral y público, que hoy prosiguió con documentales.
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La acusación contra el exintendente de Mariscal Estigarribia
Según el Ministerio Público, el Ministerio de Hacienda le transfirió en el 2013 G. 1.536 millones en concepto del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y G. 2.267 millones en concepto royalties, y más de G. 132.783.970 en concepto de transferencia de Juegos de Azar. En total el ex intendente habría sustraído de las arcas del municipio sin contraprestación alguna un monto total de G. 3.936.783.970, de acuerdo a los datos de la Fiscalía.
Este juicio tiene relación con el desvío de G. 1.054.108.443 correspondiente a los los recursos del Fonacide, en el año 2013.
Indica la acusación fiscal que ese dinero fue utilizado para otros fines, que nada tienen que ver con obras municipales o que beneficien a los contribuyentes, así como también se han efectuados pagos irregulares, eludiendo los procedimientos establecidos en la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas, y las disposiciones legales que determinar el uso de los recursos del Fonacide.
También el jefe comunal no presentó su rendición de cuenta del ejercicio 2013 ante la Junta Municipal, tampoco ante la Contraloría General de la República (CGR) que justifiquen el uso del dinero público.
Según los datos, para tratar de justificar el uso el ex intendente presentó planillas de inicio de obras con su firma y también con la firma de directores de instituciones educativas y líderes indígenas, donde supuestamente se debían ejecutar obras municipales, pero que los auditores de la CGR nunca encontraron.