El Tribunal de Sentencia, integrado por Elsa García, Matías Garcete y Adriana Planás, declaró la rebeldía y ordenó la captura del exintendente de Mariscal Estigarribia, Eladio Alcaraz Ferreira (ANR), por falta de sometimiento al proceso penal.
El acusado alegó que tuvo un pico de hipertensión y ansiedad con lo que trabó el inicio de su juicio oral el lunes pasado y remitió un certificado médico al Tribunal. Recién esta mañana una médica forense logró finalmente someterle a una inspección al ex intendente colorado y confirmó que tiene hipertensión pero ese diagnóstico no le impide someterse a la justicia.
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El exjefe comunal está acusado por supuestamente desviar G. 1.054 millones durante su administración al frente de la Municipalidad de Mariscal Estigarribia durante el periodo de gestión 2010-2015.
No estaba en su casa
La doctora Josefina Silva, médica forense de la Circunscripción Judicial de Boquerón, manifestó que la inspección fue atrasada porque en el momento de la constitución el exintendente Eladio Ramón Alcaraz no se encontraba en su domicilio. Agregó que tuvieron que llamarlo para que volviera a su residencia.
“Eladio Ramón Alcaraz Pereira es paciente hipertenso, no obstante, su condición puede ser regulada con medicación por lo que no le impide comparecer ante la audiencia de juicio oral. Que del comportamiento del acusado ante el llamado del Juzgado se infiere razonablemente la falta de voluntad de someterse al proceso penal”, reza parte del informe forense.
Antecedentes
Según la acusación del Ministerio Público, el Ministerio de Hacienda le transfirió en el 2013 G. 1.536 millones en concepto del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y G. 2.267 millones en concepto royalties, y más de G. 132.783.970 en concepto de transferencia de Juegos de Azar. En total el ex intendente habría sustraído de las arcas del municipio sin contraprestación alguna un monto total de G. 3.936.783.970, de acuerdo a los datos de la Fiscalía.
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Indica la acusación fiscal que ese dinero fue utilizado para otros fines, que nada tienen que ver con obras municipales o que beneficien a los contribuyentes, así como también se han efectuados pagos irregulares, eludiendo los procedimientos establecidos en la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas, y las disposiciones legales que determinar el uso de los recursos del Fonacide.
También el jefe comunal no presentó su rendición de cuenta del ejercicio 2013 ante la Junta Municipal, tampoco ante la Contraloría General de la República (CGR) que justifiquen el uso del dinero público.
Según los datos, para tratar de justificar el uso el ex intendente presentó planillas de inicio de obras con su firma y también con la firma de directores de instituciones educativas y líderes indígenas, donde supuestamente se debían ejecutar obras municipales, pero que los auditores de la CGR nunca encontraron.