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La jueza de Garantías Alicia Pedrozo Berni ordenó la apertura a juicio oral para 20 acusados de supuesta estafa, sindicados como integrantes del esquema de venta de cargos y recategorizaciones en el Instituto de Previsión Social (IPS), de acuerdo con la denuncia presentada por la propia previsional y los datos recabados por la fiscalía durante la investigación. Tras analizar la acusación fiscal, la magistrada resolvió el sobreseimiento definitivo de todos los procesados, respecto al hecho punible de asociación criminal.
Van a juicio oral los funcionarios del Instituto de Previsión Social Zulma Verónica Villalba Colmán, Eduvigis Espínola, Yolanda Teresa Balbuena Martínez, Jorge Manuel Juvinel Ferreira, Édgar David Amarilla e Hilario Velázquez Santacruz. Además de la Abg. Fátima Patricia Agüero Stehlik y sus hermanos José Manuel (estudiante de Derecho) y Lourdes Rocío Agüero Stehlik (obstetra).
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También serán juzgados las enfermeras María Luján Aguilera Chaparro y Fátima Adelaida González; los gestores Carolina Martínez Escurra y Blas Antonio Verón, el Abg. Carlos Barreto Ocampos, Jennifer Karina González González (contadora), la Abg. Reina Torres Vda. de Duarte, Rodolfo Daniel Velázquez Caje (barbero), Jorge Felipe Saboredo Azcurra (contador), Cynthia Adriana Caje Cabral (ama de casa) y Juana Anastasia Torres Coronel (contadora).
Por otro lado, la magistrada a cargo de la causa atendió el pedido del fiscal adjunto Édgar Moreno y ordenó el sobreseimiento provisional para los procesados Ivonne Patricia Esther Ginard Benítez, cuya preliminar se sustanció este martes 11. Además, atendió el pedido de la defensa y dictó el sobreseimiento definitivo del José Genaro Santacruz Frutos, para quien la fiscalía también había solicitado juicio oral.
En cuanto a Jorge Aquino Riveros la jueza Alicia Pedrozo imprimió trámite de oposición y deberá ser la fiscalía general la que presente el requerimiento conclusivo que corresponda. En principio el fiscal adjunto Moreno había solicitado el sobreseimiento definitivo para el procesado , pero en la preliminar el fiscal Orlando Paiva rectificó el requerimiento. a sobreseimiento provisional
Acusación por esquema de venta de cargos en IPS
La acusación presentada por la fiscala Sandra Ledesma y ratificada en la audiencia preliminar por el agente Orlando Paiva señala que la abogada Fátima Patricia Agüero Stehlik, exasesora de la senadora Zenaida Delgado (ex Cruzada Nacional y actualmente en Honor Colorado), en contubernio con los demás acusados, habría ofrecido puestos de trabajo y recategorización de cargos para el Instituto de Previsión Social (IPS) y hacía firmar supuestos contratos a las víctimas, sin otorgar ninguna copia del documento.
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Durante la investigación la agente del Ministerio Público incautó varias computadoras, celulares y relojes biométricos, los cuales fueron sometidos a estudios periciales. Asimismo, han sido retirados del IPS los equipos informáticos que eran utilizados por los que fueron funcionarios de la previsional, que igualmente fueron sometidos a análisis periciales con el fin de extraer los datos almacenados.
Los resultados de dichas pericias demuestran que efectivamente los acusados conversaban y ofrecían cargos a las víctimas a cambio de sumas de dinero que van desde G. 1.500.000 hasta G. 15.000.000, según resalta la acusación fiscal.
Varias víctimas convocadas por la fiscalía durante la etapa de investigación coincidieron en que fueron despojadas de sumas de dineros en diferentes montos con la promesa de ser beneficiados con supuestos contratos laborales o recategorizaciones, no solo en el IPS sino en diferentes instituciones públicas.
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Denuncia de IPS motivó investigación fiscal
De acuerdo con la teoría del Ministerio Público, en la mayoría de los casos el dinero fue entregado en sobre cerrado en el domicilio ubicado sobre las calles Overáva y Primer Presidente de Asunción, en inmediaciones del Parque Guasu Metropolitano, vivienda que funcionaba como PC del esquema delictivo.
La causa tuvo su origen a partir de la denuncia formulada por la jefa del Departamento de Asuntos Legales del IPS, acompañada de un pendrive que contiene filmaciones y fotografías que guardan relación con el presente hecho.
De las imágenes analizadas, así como los relatos de la representante legal del IPS y el denunciante en contra de la Abg. Fátima Agüero y los otros veinte procesados, surge la hipótesis de la comisión de los hechos punibles de estafa y asociación criminal, por lo que la fiscala Sandra Ledesma pide la apertura del juicio oral y público.
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Entrega vigilada para recategorización en el IPS
La presente investigación se inició con un operativo de entrega vigilada, que se realizó en la noche del 10 de enero de 2024 en la Costanera de Asunción, donde fue aprehendida la Abg. Fátima Patricia Agüero Stehlik tras recibir la suma de G. 6.000.000 a cambio de conseguirle a un profesional una recategorización dentro del IPS.
El operativo fiscal policial encabezado por la fiscal Sandra Ledesma (actualmente fiscal de Caacupé) se realizó una vez que la letrada ingresó a la camioneta del profesional, quien le entregó a Agüero Stehlik la suma de dinero que había acordado previamente en una conversación telefónica.
Antes de que la letrada descienda del rodado de la víctima, fue detenida por la comitiva fiscal policial y los intervinientes incautaron los billetes que tenía en su poder, totalizando G. 6 millones, que fueron previamente fotocopiados por orden del juez de Garantías de turno Raúl Florentín.
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Por su parte José Manuel Agüero Stehlik, hermano de Fátima Patricia, habría participado en la comisión de los hechos punibles de estafa y asociación criminal, prestando servicio en cuanto al traslado de la letrada para llegar hasta el lugar donde la víctima entregó el dinero.
