Según fuentes confirmaron a periodistas de nuestro medio, el director de gabinete del MSP y BS, Luis Carlos Benítez Torres, ya presentó su renuncia y la estaría formalizando mañana, apenas esté habilitada la mesa de entrada para presentar el documento.
El funcionario es uno de los 63 imputados en el marco de la investigación conocida como “La Mafia de los Pagarés”, donde se presume que se montó un esquema delictivo en el que se fraguaron notificaciones de demandas por el cobro de pagarés, dando vía libre a procesos que llegaban hasta el embargo del salario de las víctimas, sin que las mismas supieran del proceso y pudieran defenderse.
“Los hechos atribuidos están dados por el dictamiento de resoluciones judiciales por parte de los jueces, supuestamente violando el derecho y para favorecer a las partes actoras (empresas de cobranzas)”, indica parte del acta de imputación.
Agrega además que los investigados, pese a que habrían sabido que las notificaciones para reconocer firmas y oponer excepciones no se realizaban, avanzaban en el proceso, llegando en muchos casos a dictar sentencias definitivas de remate y luego, los descuentos compulsivos de salarios como parte de los embargos dispuestos.
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Director de gabinete de Salud renuncia tras imputación
En el acta de imputación, los fiscales indican en relación con los hechos, que los actuarios habrían tenido participación elevando informes respecto al vencimiento los plazos procesales e informando que las notificaciones habrían sido hechas efectivamente; cuando en la realidad, se habrían representado que ello no era así por la gran cantidad de notificaciones informadas por los ujieres que coincidían el horario entre varias ciudades o los horarios eran insuficientes para hacer los recorridos consignados; o, incluso, notificaban días inhábiles. Añade que los abogados habrían instado el proceso peticionando que se dicten resoluciones judiciales por fuera de la ley, en violación del derecho a la defensa en juicio y el principio de igualdad procesal. Tanto ujieres como oficiales de justicia habrían informado falsamente sobre la realización de las diligencias encomendadas.
Dentro de los 63 imputados figuran jueces, actuarios, ujieres, oficiales de justicia y abogados de empresas de cobranzas. La causa está a cargo de los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero.