Ante la lluvia de denuncias sobre irregularidades que se produjeron en juicios ejecutivos tramitados ante Juzgados de Paz, y la consecuente cantidad de solicitudes de suspensión o anulación genérica de embargos y juicios, la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado en el que recordó a la ciudadanía y a los abogados, que el organismo no puede atender solicitudes de suspensión de estos procesos legales.
El argumento de la negativa se basa en el estricto apego al marco legal vigente en Paraguay.
La Corte resaltó que es jurídicamente inviable disponer la suspensión o revocar, por medio de una disposición administrativa, alguna medida cautelar que haya sido trabada en el marco de algún proceso judicial.
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De igual manera, sostienen que tampoco es posible anular la tramitación de juicios ejecutivos de forma indiscriminada o genérica, ya sea por disposición de la Corte Suprema de Justicia o por autoridades externas al Poder Judicial. Recuerdan si lo hacen, implicaría una clara transgresión a normativa constitucional actual.
No pueden intervenir en juicios
En tal sentido, recordaron a los ciudadanos que lo dispuesto en el artículo 248 de la Constitución de la República dispone que los miembros de los otros Poderes del Estado, ni otros funcionarios, no pueden arrogarse atribuciones judiciales ni intervenir de cualquier modo en los juicios que se tramitan en el Poder Judicial.
Enfatizaron que la independencia del Poder Judicial y la imparcialidad en la administración de justicia son principios fundamentales.
Siendo más específicos aún, explicaron que, según lo establecido en el Código Procesal Civil, las medidas cautelares y las medidas de ejecución dictadas en el marco de un juicio ejecutivo (como lo son los embargos preventivos y ejecutivos), solo pueden ser levantadas por el mismo magistrado que las dispuso, a través de los mecanismos procesales previstos por la ley.
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Si bien no desconocen las potestades constitucionales de la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo en la defensa de los derechos de los ciudadanos, subrayaron que a la hora de abordar presuntas irregularidades esto debe hacerse de forma individualizada, analizando uno por uno los juicios en los que se identifiquen vulneraciones al debido proceso.
Irregularidades se deberán tratar caso por caso
La Corte enfatiza que cada afectado deberá arbitrar defensas y peticiones, que deberán ser formuladas en cada juicio puntualmente, según las peculiaridades de cada caso concreto.
No obstante, comentaron que la Corte también ya tomó intervención en su área de competencia, iniciando auditorías, suspendiendo a magistrados y funcionarios, e implementando medidas para reforzar la labor de los Juzgados de Paz intervenidos.
Finalmente, exhortaron a las personas que se consideren afectadas por supuestas irregularidades en juicios ejecutivos o de cualquier otro tipo, a buscar el asesoramiento de la Defensoría Pública o de abogados particulares para analizar su situación específica y ejercer sus derechos de manera adecuada.
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La mafia fue descubierta
Recordemos que recientemente saltó al tapete el escándalo conocido como la mafia de los pagarés. Este esquema delictivo compuesto por casas comerciales, juzgados, y abogados, perjudicaba económicamente a trabajadores por medio de la manipulación de pagarés con el objetivo de cobrar deudas en forma abusiva.
El delito tenía varias modalidades, entre ellas: sustracción de pagarés que la víctima nunca lo retiró para volver a cobrar deudas ya honradas, el “invento”, de pagarés que la persona nunca firmó para cobrar por deudas inexistentes, y el cobro de deudas completamente infladas para cobrar mucho más de lo que la persona realmente debe.
Numerosas víctimas se están acercando a dar a conocer su caso, y quien está llevando adelante la contabilización de víctimas es el abogado Jorge Rolón Luna.
