En principio estaba previsto que el juzgamiento al ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Daniel Roa Burgos y el empresario Alberto Koube Ayala, prosiga este lunes 7 de julio, pero ante el inicio del juicio oral a Miguel “Tío Rico” Insfrán y otros 17 encausados, entre ellos Koube Ayala, en la “causa madre” del caso A Ultranza Py, se decidió la postergación.
El pasado lunes el fiscal Silvio Corbeta, de Delitos Económicos y Anticorrupción, ratificó la acusación y afirmó que cuenta con los elementos para probar que Joaquín Roa conformó una asociación para direccionar licitaciones en la SEN, a favor de su amigo Alberto Koube Ayala y las empresas ligadas a éste, por más de G. 16.080 millones.
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La acusación fiscal contra el extitular de la SEN es por supuesto cohecho pasivo agravado, lavado de dinero, lesión de confianza, lavado de activos, administración en provecho propio y asociación criminal; y en contra del empresario Alberto Koube por presunta coautoría en el lavado de dinero, y complicidad en lavado de activos y la lesión de confianza.
El juicio oral está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que preside la jueza Elsa García e integran Sonia Sánchez y Karina Rodríguez.
Acusación fiscal contra exministro Roa
De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía en su acusación, Joaquín Roa recibió dádivas de parte de su amigo Alberto Koube a cambio de adjudicar licitaciones públicas a las empresas de este último o sociedades vinculadas a él.
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La Fiscalía asegura que las 10 adjudicaciones se dieron con el concurso de las firmas de Alberto Koube, como el Grupo Tapyracuai SA, y de grupos empresariales de terceros proveídos o vinculados al mismo, como JPA Logística, Noemacol, Sofimac, Joaquín Núnez, Katerine Ayala y otros.
Roa estuvo a cargo de la SEN entre el 2013 y el 2022, pero entre el periodo del 2018 y 2021 es que adjudicó licitaciones y contrataciones millonarias, en forma sistemática, a Koube por valor a G. 16.080.000.000.
A través de esos datos surge que Roa y Koube se asociaron a los efectos de lograr el desvío de los fondos de la SEN, simulando los procesos administrativos y beneficiando con las contrataciones siempre a las referidas empresas, en contra de los deberes de una correcta administración y gestión pública, como la obtención de una embarcación “AZ 42″, valorada en US$ 450.000 y sumas de dinero, según consta en la acusación fiscal.
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