9 de noviembre de 2026

La reciente condena al exsenador Hernán Rivas volvió a poner en el foco público los esquemas de corrupción e irregularidades que salpican a prominentes figuras del sector político oficialista Honor Colorado. A la par de estos fallos, la lupa también se posa sobre el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), una institución de control judicial que tuvo presidentes envueltos en graves denuncias.


La defensa del exministro de la Secretaría de la Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa Burgos, presentó esta siesta sus alegatos finales en el juicio oral que el exalto funcionario afronta junto al empresario Alberto Koube Ayala. Fundamentó falta de congruencia del Ministerio Público y cuestionó que se hayan solicitado 10 años de cárcel, con el fundamento de que la fiscalía no probó los hechos acusados.

El fiscal Silvio Corbeta solicitó una condena de 10 años de pena privativa de libertad para el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa, por lesión de confianza y otros delitos. Es por supuestamente direccionar licitaciones para favorecer al empresario Alberto Koube, para quien el agente anticorrupción pidió la pena de 7 años y 6 meses de cárcel.

Funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) declararon en el juicio al exministro Joaquín Roa y el empresario Alberto Koube Ayala que las firmas pertenecientes y ligadas a este último no solo eran “mimadas” al momento de los llamados a licitación, sino que se presentaban juntas a un mismo llamado y, una vez adjudicadas, se realizaban adendas a los contratos. Además, los cheques para las distintas empresas eran retirados por las mismas personas, según lo manifestado por los testigos.

Dos exfuncionarias de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) confirmaron que empresas ligadas al acusado Alberto Koube Ayala tuvieron un trato especial en las licitaciones de la institución estatal, durante la gestión del entonces ministro Joaquín Daniel Roa Burgos. En varias ocasiones dichas firmas fueron adjudicadas violando la ley de Contrataciones Públicas, según las testigos.