En un audio filtrado, se escucha a una funcionaria de la Contraloría General de la República quejarse de Camilo Benítez por una resolución mediante la cual adoptan la Ley de Servicio Civil.
“Tenemos ahora el regalito de nuestro amigo este, Camilín, a partir del lunes que viene nos tenemos que quedar 8 horas, no sé si te habrás enterado de que nosotros, unos cuantos funcionarios, 100 más o menos, presentamos una acción de inconstitucionalidad contra esa resolución que firmó Camilo, por nuestros derechos adquiridos de seis horas y porque tenemos un contrato colectivo de condiciones de trabajo que en su cláusula dice seis horas, 30 horas semanales y no más”, dice parte del audio.
En el mismo, agrega que se va a sortear recién el preopinante para tomar el caso en la Sala Constitucional.
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“Necesitamos llegar pues con Santander, que es uno de los ministros de la Sala Constitucional y nos dijeron que Lilian Samaniego tiene muy buen contacto con Santander y que era la vía o el camino más corto para que nos reciba y después haga lugar a nuestra petición, entonces te quiero pedir que nos puedas ayudar a que la senadora nos reciba”, indica la funcionaria.
¿Qué responde Santander al audio filtrado?
El ministro de la Corte, Gustavo Santander, aseguró que desconoce detalles de esta acción de inconstitucionalidad, pues aún no se hizo el sorteo para saber quién será el preopinante. Agregó que no puede hablar del tema, por si cae a su cargo.
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No obstante, aseguró que muchas instituciones públicas están presentando acciones en contra de la Ley de Servicio Civil.
Resaltó que recientemente hicieron lo mismo los Funcionarios de la Municipalidad de Asunción, quienes exigieron una medida cautelar para que la ley no entre en vigencia. Agregó que admitieron la acción, pero no así la medida cautelar.
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Con respecto al hecho de que lo nombraron en el audio mencionado, Santander señaló que él con frecuencia recibe a muchas personas en su despacho, sean ciudadanos o autoridades.
Dijo tener completo desconocimiento respecto a la acción planteada por los funcionarios de la Contraloría. Aseguró que los ciudadanos tienen derecho a ser recibidos por sus autoridades para presentar sus inquietudes y eso no implica tráfico de influencias.
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