Los yerbateros de Paso Yobái, departamento de Guairá, que cumplen prisión domiciliaria son Vidal Brítez, Mariano Sachelaridi y Quintín Sanabria, este último detenido ayer. Fueron denunciados por protagonizar un enfrentamiento con mineros ocurrido en enero pasado en el citado distrito.
Se los acusa de supuesta coacción grave por tratar de impedir el paso de maquinarias para la instalación de una pileta de lixiviación que, según dicen, se pretendía realizar sin licencia ambiental y cerca de cultivos de yerba.
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Sanabria fue localizado por efectivos de la Comisaría 12ª de Mauricio José Troche mientras realizaban una patrulla preventiva en la compañía Ñumí. Tras verificar sus datos, confirmaron la orden de captura librada por el juez Juan Antonio Ruiz Díaz Gamba. Fue trasladado primero al centro de salud local para diagnóstico médico y luego remitido a la Comisaría 5ª de Ybaroty, en Villarrica.
En la tarde de este jueves compareció ante el Juzgado Penal de Garantías, que resolvió otorgarle arresto domiciliario, al igual que a los otros dos yerbateros previamente sometidos por la misma causa.
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Uno de ellos es Vidal Brítez Alcaraz, quien es presidente de la Asociación de Yerbateros de Paso Yobái, detenido el 26 de marzo y beneficiado con arresto domiciliario el 2 de abril, luego de un episodio de descompensación en su celda. El otro es Mariano Sachelaridi, propietario del terreno colindante a la zona donde se buscaba habilitar una pileta, quien se presentó voluntariamente el lunes pasado y también recibió la medida alternativa a la prisión.
La causa involucra en total a cinco imputados, de los cuales dos siguen con orden de captura vigente y en rebeldía. El equipo fiscal, integrado por Martín Escalada, Osvaldo Mora y Rodrigo Vázquez, alega que, durante la protesta del 10 de enero, los manifestantes impidieron el ingreso de camiones y maquinarias a una propiedad privada y protagonizaron un enfrentamiento; además, uno de ellos llegó a realizar disparos con una escopeta.
Los yerbateros, por su parte, afirman que la acción fue una manifestación pacífica contra la instalación de una pileta de lixiviación, presuntamente sin licencia ambiental, utilizada para extraer oro con cianuro. La sustancia, según denuncian, contamina arroyos y parcelas de yerba mate de la zona.
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En paralelo, la propia Fiscalía abrió una investigación por posibles delitos medioambientales en torno a la obra minera, tras la denuncia que presentó el grupo procesado. La fiscal María Jadiyi Ortiz comunicó que la investigación siguió su curso con varios procedimientos, pero que requieren informes del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) para avanzar. Este último es el mismo encargado de emitir las licencias que habilitan el trabajo en regla a las empresas mineras.
Organizaciones como la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y Amnistía Internacional se han manifestado contra lo que califican como un patrón de criminalización del activismo ambiental. En el caso de Brítez, ambas entidades denunciaron que su arresto fue arbitrario y que su delicado estado de salud hacía injustificada la prisión preventiva.