La Junta Municipal de Asunción decidió encomendar al intendente, Luis Bello (ANR-cartista), buscar los mecanismos legales para rescindir un polémico contrato para el mantenimiento y la provisión de repuestos para la flota de vehículos municipales. El acuerdo, que había sido firmado por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) con el Taller RC de Crispín Ruffinelli, está señalado por un supuesto sobrecosto de hasta 2.300%.
La decisión se dio en la sesión ordinaria de este miércoles, luego de escuchar al nuevo director de Administración y Finanzas, Hugo Martínez, explicar que de los G. 6.000 millones adjudicados como monto máximo del contrato, se ejecutaron recién G. 700 millones. Martínez agregó que el contrato, que vence el 31 de diciembre de este año, fue suspendido por sus predecesores “por prudencia administrativa”.
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El concejal Humberto Blasco (PLRA), proponente de la cancelación del contrato, aseguró que se trata de una “evidente y grosera sobrefacturación”. Agregó que el contrato adolece de una muy “probable ilicitud”, por el que la firma oferente deberá “dar cuentas”.
Por pedido del concejal Blasco se encomendó también al intendente, la apertura de un sumario administrativo interno para deslindar responsabilidades entre los funcionarios de la comuna que avalaron los supuestos sobreprecios en los que se incurrieron en el contrato.
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“Estafa a la ciudadanía”, dijo Grau
El concejal Álvaro Grau (PPQ), quien había denunciado el caso, calificó los precios pagados por la administración de Nenecho como una “estafa” a la ciudadanía y, comparó el caso con el de los “detergentes de oro”, por el que el exintendente y 21 personas más, están acusadas formalmente.
Grau recordó que ya en 2022, la misma empresa fue adjudicada de forma directa por G. 2.000 millones, contrato por el que terminaron pagándose G. 2.386 millones. “Esto es lo mismo o peor (que los detergentes de oro), porque en el contrato anterior nadie auditó los precios que le estaba pasando Crispín Ruffinelli a la Municipalidad”, reclamó.
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El concejal agregó que estos hechos deberían tener una consecuencia penal y que la nueva administración municipal debería cortar de raíz estos hechos. “Se tiene que extirpar este tumor que ha hecho metástasis en la Municipalidad de Asunción. Este contrato no solo se tiene que rescindir, se tiene que hacer una denuncia y se tiene que investigar, en Contrataciones Públicas y en la Fiscalía”, dijo Grau.
El edil recordó que por aceite de motor de G. 75.000 cada uno, Nenecho pagó G. 290.000; por bujes de G. 30.000 por unidad, se pagó G. 700.000 o por tapas de radiadores de G. 59.000, se pagó G. 180.000. El edil reiteró el pedido de informe que había solicitado la Junta, relacionado a la documentación obrante en el contrato y dijo que “si el intendente actual no hace la denuncia penal”, él mismo lo haría.
Advierten sobre riesgo de que firma ejecute el monto mínimo
El concejal Miguel Sosa (ANR-cartista) señaló el grave riesgo que existe de que, en caso de que el contrato no sea rescindido, la empresa requiera a la comuna el pago del monto mínimo de G. 3.000 millones, que corresponde al 50% de la adjudicación, como se establece en el contrato.
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“Tenemos que rescindir, porque si no lo hacemos, estamos obligados al mínimo, G. 3.000 millones tenemos que abonarle a Ruffinelli, eso dice el contrato, no lo digo yo”, aseveró Sosa.
El concejal calificó a los proveedores de “gente viva”, que una vez cumplido el plazo para la finalización del contrato, en diciembre, presentarían su factura por G. 2.300 millones, considerando que ya se abonó G. 700 millones.
Empresa cobró de bonos G8
Según consta en el informe final del interventor Carlos Pereira, el Taller RC de Crispín Rufinelli fue uno de los beneficiados con pagos realizados con dinero proveniente de la cuenta bancaria de los bonos G8. Específicamente, se detectó que dos pagos, por un total de G. 212 millones, salieron de esa cuenta.
El informe de Pereira reportó “terribles prácticas ilegales”, incluido el uso de una “cuenta única”, mediante el cual la administración de Rodríguez justificó el monumental desvío de G. 512.000 millones de bonos que debían ser para obras, pero que fueron usados en salarios y otros gastos corrientes.
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Rodríguez presentó su renuncia al cargo el pasado viernes 22 de agosto, minutos antes de la presentación del contundente informe final del interventor y ante la inminencia de su destitución.
“Nenecho” enfrenta ahora, por lo menos ocho procesos judiciales, incluyendo una acusación formal por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”.