La fiscal Patricia Sánchez, una de las agentes que intervino en la investigación de los incidentes registrados durante la marcha ciudadana autodenominada “Generación Z”, se refirió a los motivos por los cuales el Ministerio Público resolvió liberar a los 28 manifestantes que habían sido aprehendidos tras la movilización.
Según explicó, la principal dificultad radicó en la imposibilidad de vincular de manera fehaciente a los detenidos con los hechos de violencia reportados en un plazo de 24 horas, tiempo en el que debía adoptarse una decisión.
“Lo que no pudimos concretar fue el nexo causal entre lo comunicado a la Fiscalía y la autoría o participación de los aprehendidos en los incidentes. El acta hablaba de flagrancia, pero no describía en qué consistía esa flagrancia”, sostuvo Sánchez.
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Investigación sigue en curso
La representante del Ministerio Público indicó que aún están pendientes los análisis de imágenes de circuito cerrado de la zona donde ocurrieron las detenciones, incluyendo grabaciones solicitadas a estaciones de servicio y locales comerciales.
Sánchez también mencionó que, en varios casos, no existían actas detalladas de procedimiento en el momento de la aprehensión, lo que debilitó la posibilidad de sostener una imputación inmediata.
Pese a la liberación, aclaró que la investigación continúa:
“Hay víctimas reales, policías lesionados y daños a bienes jurídicos que deben ser investigados. La decisión de liberar no significa que la causa haya quedado paralizada”, puntualizó.
La fiscal relató además que algunos de los jóvenes detenidos incluso intentaron contener a personas encapuchadas que buscaban generar disturbios. No obstante, también se constató que entre los aprehendidos figuraban personas con órdenes de captura pendientes por otros delitos, quienes sí fueron puestos a disposición de los jueces competentes.
De esta manera, la Fiscalía reafirmó que la investigación seguirá su curso a fin de determinar responsabilidades individuales en los hechos registrados durante la movilización.
