Los propietarios de terrenos que están siendo invadidos en la localidad de Guarambaré, departamento Central, se reunieron con el viceministro de Seguridad Interna, Óscar Pereira; el fiscal de Itá, Eduardo Román; el intendente municipal, Óscar Cabrera (ANR-HC); y jefes de comisarías.
Del encuentro también participaron funcionarios del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), debido a que los invasores mencionan a la entidad para ingresar a los terrenos privados.
La reunión se realizó en la Municipalidad de Guarambaré, y los afectados fueron categóricos al resaltar que ya no confían en las autoridades.
Varias hectáreas de terrenos privados vienen siendo ocupadas por los supuestos sin tierra desde hace dos años, y las autoridades de la fiscalía y la policía no actúan.
Los agricultores exigieron mayor acción de las autoridades y menos reuniones, debido a que la ciudad de Guarambaré se está convirtiendo en tierra de nadie, con la presencia masiva de invasores.
Los afectados tuvieron el total respaldo del jefe comunal local, Óscar Cabrera (ANR-HC), quien días atrás fue advertido por uno de los dirigentes de los supuestos sin tierra, Edgardo Benítez, sobre la posibilidad de que quemaran la ciudad.
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“Los afectados por las invasiones de sus propiedades tienen el apoyo de la municipalidad y aclaramos a la gente de la fiscalía y la policía que también las víctimas tienen derechos humanos y no solo los ocupantes, y exigimos acciones rápidas”, explicó el intendente.
Tierra de nadie
Agregó que, debido a la falta de acciones por parte de las entidades, la ciudad se está convirtiendo en tierra de nadie. Los agricultores demostraron sus títulos de propiedad y exigen recuperar sus parcelas.
Todas las autoridades presentes prometieron dar celeridad a los procesos y devolver la tranquilidad a la comunidad, así como seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada.
Los invasores ya ingresaron a la propiedad de la azucarera Felsina, administrada por la familia Zanotti Cavazzoni, y quemaron cañaverales, lo que obligó al ingenio a dejar de operar por un día, según la denuncia.