El costo del servicio será de G. 2.006.600, aunque, en caso de comprobarse la insolvencia el Estado asumirá los gastos correspondientes.
De acuerdo con lo anunciado, próximamente se llevará a cabo un estudio técnico sobre la conectividad en el departamento de Caaguazú y otros factores necesarios para la implementación del sistema. Una vez concluido dicho análisis, se pondrá en marcha el uso de las tobilleras electrónicas.
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El jefe del sistema de vigilancia del 911 de la Policía Nacional en el departamento de Caaguazú, Crio. Vicente Chaparro, manifestó que el sistema 911 estará monitoreando todo el departamento de Caaguazú y San Pedro. En caso de detectar irregularidades con los procesados beneficiados con las tobilleras, deberán coordinar un trabajo rápido con las comisarías más cercanas para verificar la situación.
Añadió que el centro de monitoreo seguirá en Asunción, pero que se hará una coordinación de trabajo para actuar de manera eficiente ante cualquier irregularidad.
El fiscal delegado de Coronel Oviedo, Fermín Segovia, señaló que para su implementación se deberá hacer una verificación técnica del lugar donde permanecerá el beneficiario de la tobillera electrónica y si reúne las condiciones para acceder al dispositivo. Indicó que la tobillera está disponible para todos los hechos punibles del Código Penal y que quedará a cargo de cada juez determinar si un procesado reúne las condiciones para contar con la tobillera electrónica.
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Por su parte, la presidenta de la Circunscripción Judicial de Caaguazú, jueza Sandra Porto, señaló que con la tobillera electrónica se busca descongestionar los centros penitenciarios, que se encuentran abarrotados de procesados sin ser condenados. Indicó que el aparato brinda una seguridad judicial y que será implementado a petición del afectado.
El dispositivo cuenta con un sistema de alarma que será activado desde el centro de monitoreo de las tobilleras en caso de detectarse irregularidades en el actuar del procesado.