En conferencia de prensa realizada casi a la par de la sesión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que este jueves resolvió enjuiciarla de oficio; la jueza de Garantías de Lambaré Isabel Beatriz Bracho Pedrozo expresó que se somete a la Justicia, argumentando que es inocente de los hechos punibles que le atribuye el fiscal anticorrupción Néstor Coronel, en la imputación por presuntos beneficios al supuesto narco Walter José Galindo Domínguez.
“Yo no tengo absolutamente nada que ver. Me pongo a disposición de la Justicia para que me investiguen porque no tengo nada que esconder, mi esposo también se puso a disposición. Pasaron cuatro años y medio de aquella situación, ya no hay nada que esconder, todo está a la luz”, manifestó la magistrada, a quien ayer la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió suspender con goce de salario básico.
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Bracho agregó que luego de una análisis sobre los hechos detallados en la imputación fiscal, ella se siente víctima de lo ocurrido en la causa de Walter Galindo, ya que el Ministerio Público le presentó certificados médicos de contenido falso, informes forenses cuyo contenido no era cierto y en la audiencia preliminar el fiscal Osmar Segovia se allanó al sobreseimiento definitivo del sindicado como líder del esquema Mercat.
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La jueza de Garantías suspendida en funciones remarcó que fueron los agentes del Ministerio Público quienes le hicieron “incurrir en un error”, y señaló que no existe una sola grabación del cruce de llamadas que la vincule con los beneficios y el “blanqueo” a Walter Galindo.
Responsabiliza al MP del “blanqueo” a Galindo
Consultada sobre la presunta coima de US$ 50.000 que habría pagado el presunto narco Walter Galindo para obtener el sobreseimiento definitivo en la causa que estuvo a cargo de su juzgado, Isabel Bracho aseguró que a ella nadie nunca le habló.
“Yo no le conozco a nadie. Yo no recibí absolutamente nada y tengo mi desenvolvimiento financiero de los años 2021, 2022 y 2023, en los que yo nunca pude haber tenido semejante cantidad de dinero, porque se habla de mucho dinero”, añadió la magistrada.
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Respecto a la decisión del sobreseimiento definitivo de Walter Galindo, indicó que en la audiencia preliminar revisó todas las incidencias planteadas y recordó que el fiscal, que es el titular de la causa, se allanó al incidente planteado por la defensa “porque la droga no era droga”, haciendo alusión a los paquetes de cocaína que fueron cambiados por bicarbonato de sodio, de acuerdo con la imputación fiscal.
“¿Te parece que yo puedo dudar de lo que me dice un especialista del Ministerio Público, del propio agente fiscal? Yo revisé todo minuciosamente, me formé la convicción de que correspondía el sobreseimiento definitivo y así resolví”, puntualizó Bracho.
Señaló que al momento de sustanciarse la audiencia preliminar “nadie sabía que había un paquete de droga escondido en la Fiscalía”, ya que esa situación fue descubierta posteriormente en el allanamiento que realizó la fiscal Lorena Ledesma en la unidad de la agente encargada del caso donde estuvo imputado Walter Galindo.
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JEM “se adelantó” respecto a desafuero
En cuanto a la resolución de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que atendió el pedido del Ministerio Público y aprobó su desafuero como magistrada, la jueza de Garantías Isabel Bracho afirmó que ella misma iba a pedir el desafuero para que sea procesada, pero que el JEM se le adelantó.
Sobre su suspensión con goce de sueldo, resuelto ayer en la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia, Bracho manifestó que ese es el proceso normal, pero recordó que la Constitución Nacional le concede a cualquier procesado el estado de inocencia.
“Yo gozo de ese estado de inocencia, pero ya todos los jueces estamos expuestos a esto. Todos mis colegas saben, estamos expuestos a recibir medidas cautelares. Pero yo me someto, como dije, yo tengo un Dios todopoderoso a quien yo me debo, soy una mujer de mucha fe, creyente, y estoy con la fe puesta en Dios de que esto se va a aclarar”, sostuvo la magistrada.
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El caso está a cargo del juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, quien una vez que reciba la comunicación del desafuero de la jueza de Garantías, resolverá si admite la imputación, abre el proceso y convoca a Isabel Bracho, así como hizo ayer con la exfiscala Egidia Gómez y la actuaria judicial Ruth Ferreira.