La jueza penal de Garantías de Lambaré, Isabel Beatriz Bracho Pedrozo, se presentó hoy ante el juzgado penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del primer turno, para la audiencia de imposición de medidas en el proceso que afronta por supuesto cohecho pasivo agravado (coima) y otros delitos.
Bracho, actualmente suspendida sin goce de sueldo, fue asistida durante la audiencia por la abogada Sandra Rodríguez. La magistrada está procesada por presunto cohecho pasivo agravado, frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios.
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El fiscal Néstor Coronel solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión, que fueron establecidas en la audiencia de hoy por el magistrado Humberto Otazú.
Medidas establecidas por el juzgado para Isabel Bracho
Prohibición de salir del país sin autorización judicial y obligación de presentar caución real para cubrir una fianza de G. 150 millones son las principales medidas establecidas por el juzgado. Obligación de presentarse mensualmente en tribunales para firmar un libro de comparecencia y de residir en mismo domicilio constituyen las demás medidas dispuestas por el juzgado.
En declaraciones a la prensa, la defensora comentó que solicitó que su defendida declare antes de la audiencia de imposición de medidas, pero que el fiscal no fijó fecha aún.
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La defensora dijo también que llama mucho la atención que recién ahora se haya presentado la imputación, pues se trata de una investigación inicaida hace años. Comentó que sus inicios, Bracho incluso se acercó a la Fiscalía para ponerse a disposición.
Cuestionamientos de la defensa a la imputación por supuesta coima y otros delitos
“Tenemos de entrada cuestionamientos a la porción de hechos atribuidas a la Dra. Isabel, porque todo eso se basa en escuchas que hizo la Policía Nacional, al menos en el acta de imputación no figura que haya una escucha directa de ella, sino a terceros, de abogados y no abogados que tenían participación en la causa de Galindo. Entonces esta es la parte que a mi me produce cuestionamientos de entrada, porque en eso se basa la imputación”, expresó Rodríguez.
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“Siempre se dice y hasta ahora siguen diciendo que una imputación no causa agravio, que uno tiene que defenderse, que uno es inocente hasta que una sentencia condenatoria rompa ese estado de inocencia pero esto sí causa un agravio muy grande, porque la Corte Suprema de Justicia le suspendió a ella, primero con salario básico y creo que hace unos días le suspendió totalmente. Entonces, sí es muy grande el perjuicio que le causa a una persona que tiene años de carrera judicial (...)”, acotó.
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La imputación derivada del caso de Walter Galindo
Según la imputación del fiscal Néstor Coronel, la jueza Penal de Garantías de Lambaré, Isabel Bracho, habría recibido una coima en dinero consistente en la suma de US$ 50.000 a cambio de otorgar medidas más beneficiosas al procesado por supuesto narcotráfico y reducción Walter José Galindo Domínguez, en 2021.
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Además de la magistrada, la Fiscalía imputó a la exfiscala Egidia Gómez, hermana el fallecido diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, y a la actuaria judicial Ruth Ferreira.
La imputación detalla igualmente una serie de artimañas realizadas para cambiar la droga por bicabornato de sodio, lo que permitió a Galindo zafar del proceso por narcotráfico tramitado en Lambaré.