La tensión crece en la zona de Tacuatí, departamento de San Pedro, donde está la Estancia Lusipar, reclamada por organizaciones de campesinos para que sean entregadas 11.000 de las 138.000 hectáreas que conforman la propiedad, en el marco de la reforma agraria. Los sintierra se trasladan hasta el lugar para invadirla, pese al amplio despliegue policial en la zona para evitarlo.
Desde la Senabico, la ministra Teresa Rojas, explicó que no pueden donar las tierras a los campesinos por un litigio judicial que existe entre uno de los dueños originales de la propiedad, Eduardo Moleriño, y el presunto narco Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, de quien se decomisó la estancia tras su captura en el Brasil en el 2017.
Alejandro Nissen, abogado que representa a Eduardo Moleriño, indicó que su cliente busca que se le restituyan las tierras, ya que fueron sus hermanos quienes vendieron sus partes a da Rocha, no así Eduardo.
“El señor Eduardo recuperó de él a través de un acto jurídico, de una escritura pública, la compra de ese inmueble, cumpliendo con todos los requisitos formales de lo que es una escrituración y también la parte impositiva, tributaria, certificado de cumplimiento tributario, todo en forma”, aseguró.
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Historia de Lusipar
En 1978 inversores brasileños del frigorífico central de Maringá, Brasil, llegaron hasta Tacuatí, San Pedro, y adquirieron las tierras hoy en disputa. La familia Olivera Moleriño funda así la sociedad Lusipar en nuestro país.
Tanto el abuelo, como el padre de Eduardo fallecen en Paraguay, por lo que el resto de la familia vuelve a Brasil, dejando funcionar la empresa Lusipar en nuestro país. Eduardo vuelve a Paraguay en el 2004 y es ahí cuando sus hermanastros realizan una repartija de las tierras, quienes tras hacerlo, vendieron sus partes a Cabeza Branca. La familia en ese momento estaba en disputa, según detalló el abogado.
Tras la captura del presunto narco, Eduardo también fue incluido en una causa por asociación criminal, debido a la compra y venta del inmueble de su familia; sin embargo, el abogado sostuvo que su cliente está prácticamente fundido como consecuencia del procesamiento que pesa sobre él desde el año 2017.
“No existe un trabajo técnico científico para estudiar la trazabilidad de ningún dinero proveniente de otro país que le relacione a esa gente con el lavado de dinero. Hicieron un trabajo y efectivamente las personas que mencionó la Policía Federal fueron seguidas por la gente de la Senad y así fue que se armó esa causa en Paraguay como consecuencia del desprendimiento del operativo espectrum en el Brasil”, recordó Nissen.
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Agregó que cuando Eduardo recupera una parte de la propiedad, empezó a trabajar desde aquella época y trabajaban bien, con buen movimiento de ganado, hasta que le abrieron la causa, lo que le llevó a la quiebra técnica. Detalló que la propiedad está hipotecada a dos bancos.
Cabeza Branca volvió a vender en pagos parciales la propiedad a Eduardo, según afirmó Nissen, no así la totalidad, por eso es que siguen en disputa al menos 6.000 hectáreas del inmueble.
El juicio a Eduardo Moleriño está en etapa de pruebas documentales donde la defensa ofreció la escritura pública, entre otros documentos que demuestran la adquisición de la propiedad.
Intento de venta anticipada
La Senabico ya vendió los animales y maquinarias que había en el lugar, e incluso intentó hacer la venta anticipada del inmueble, lo que fue denunciado por la defensa del dueño de la tierra y un juzgado lo frenó.
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“Senabico pidió la venta anticipada del inmueble alegando que no podían administrar porque había riesgo de invasión, entonces nosotros lógicamente nos opusimos con todos los fundamentos técnicos y lógicos, porque no pueden, pues rematar una propiedad, fundir una familia porque no tienen capacidad de sostener o hacer frente a posibles invasiones”, indicó Nissen.
El tribunal de sentencia rechazó a Senabico el pedido, lo cual la institución apeló y finalmente el tribunal de apelaciones también dio la razón a Eduardo Moliñero, lo que evitó el remate de la Estancia Lusipar.