El ómnibus transportaba a estudiantes provenientes de la ciudad de Luque, quienes regresaban de una excursión de fin de año desde Camboriú, Brasil, cuando se produjo la tragedia. Las víctimas fatales fueron identificadas como Liz Concepción Martínez Fariña (42) y Mauricio David Aguilera Coronel (17).
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La agente del Ministerio Público explicó que aún no cuenta con los elementos técnicos necesarios para imputar al conductor del colectivo, Ever Rubén Leiva Arrúa, por lo que se encuentra a la espera del informe científico del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional, documento que será determinante para avanzar en la causa.
Soto señaló que el accidente ocurrió en una zona descampada, donde no existen testigos presenciales ni cámaras de circuito cerrado que permitan reconstruir con exactitud la mecánica del vuelco. Indicó además que el ómnibus cuenta con una cámara interna, pero que la misma apunta únicamente hacia la cabina de pasajeros y no hacia el conductor.
Hasta el momento, la única hipótesis manejada por la Fiscalía es la versión brindada por el chofer, quien manifestó que un motociclista, aparentemente sin luces, se le cruzó de forma repentina, lo que lo obligó a realizar una maniobra brusca para evitar el impacto, provocando el vuelco del rodado.
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La fiscal aclaró que si se llegara a comprobar que el conductor se quedó dormido al volante, podría ser imputado por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre, aunque recalcó que aún es prematuro adelantar una conclusión.
Denuncian supuesta entrega de dinero para evitar imputación
Por otra parte, Diego Álvarez, padre de uno de los pasajeros, denunció que un funcionario del Ministerio Público, presuntamente cercano a la Fiscalía, le informó que en la mañana de este martes la fiscal Lourdes Soto habría recibido en su oficina la visita de un alto representante de la empresa Guaireña, quien supuestamente le habría entregado un sobre con dinero con el objetivo de evitar imputaciones y direccionar la investigación a favor de la empresa.
Asimismo, el denunciante afirmó que ni la empresa Guaireña ni Apleno Agencia de Viajes se comunicaron con las familias de las víctimas y que no brindaron ningún tipo de asistencia tras el accidente.
Al respecto, ABC intentó conversar con la fiscal Lourdes Soto, pero tras varias llamadas y mensajes de Whatsapp a su número 052, no respondió el teléfono celular. En caso en que quieran dar detalles sobre el tema, puede comunicarse con esta redacción.