El dispositivo, de uso obligatorio en vehículos de transporte profesional como buses y camiones, registra de manera automática datos clave como la velocidad, tiempos de conducción y descanso, distancia recorrida, pausas y actividad del conductor, información considerada fundamental para determinar si se cumplieron las normativas viales vigentes.
La extracción del tacógrafo tiene como objetivo verificar la forma de conducción, la trayectoria del rodado y los horarios de manejo y descanso de los conductores responsables del ómnibus siniestrado, elementos que podrían ser determinantes para esclarecer la causa del accidente.
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El percance ocurrió cuando el bus regresaba de la ciudad veraniega de Camboriú, Brasil, transportando a estudiantes de un colegio de la ciudad de Luque, quienes habían realizado el viaje como paseo de fin de año tras culminar el tercer curso de la media.
Al llegar al kilómetro 146 de la Ruta PY02, en la zona conocida como Santa María Ñu, el vehículo volcó al costado de la ruta, ocasionando la muerte de Liz Concepción Martínez Fariña (42) y del adolescente Mauricio David Aguilera Coronel (17).
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La fiscal Lourdes Soto, a cargo de la investigación, confirmó que hasta el momento no existen imputaciones, pero aseguró que se están recabando todos los elementos técnicos y periciales necesarios para determinar la causa exacta del accidente e individualizar a un eventual responsable del hecho.
En cuanto a la denuncia realizada por un padre de familia, quien afirmó que supuestamente la agente fiscal habría recibido a representantes de la empresa Guaireña y que estos le entregaron un sobre con una fuerte suma de dinero para desviar la investigación, la fiscal Soto calificó la versión como totalmente falsa. Explicó que es habitual que representantes de las empresas se presenten en la fiscalía para brindar informaciones requeridas por los investigadores y garantizó la transparencia del proceso.
Por su parte, el abogado de las víctimas, Ramón Vallejos, señaló que están controlando de cerca la investigación para que se lleve de manera correcta y se llegue a los verdaderos responsables del accidente que dejó dos fallecidos. Indicó que hasta el momento existe confianza en el trabajo del Ministerio Público.
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Añadió que en el viaje intervinieron una empresa de transporte y una empresa de turismo, con las cuales se firmó un contrato que —según sostuvo— no se cumplió conforme a lo pactado, situación que también forma parte del análisis jurídico del caso.
El tacógrafo será sometido a la extracción y análisis de datos, y su contenido podría resultar clave para determinar el comportamiento del conductor en el momento del accidente.