Los procesados enfrentan cargos por invasión de inmueble ajeno, perturbación de la paz pública, resistencia, incitación a cometer hechos punibles, daños y tentativa de homicidio doloso. En un primer momento, 27 de los 29 campesinos fueron remitidos a la sobrepoblada penitenciaría regional, mientras que un adulto mayor obtuvo arresto domiciliario y otro imputado permaneció con prisión preventiva hospitalaria, debido a las heridas sufridas durante el enfrentamiento.
Con el transcurso de los días, los imputados fueron accediendo de manera gradual a arresto domiciliario y otras medidas alternativas, hasta que finalmente los 29 quedaron en libertad, sujetos a medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
El abogado defensor, Víctor Sanguina, cuestionó duramente al Poder Judicial y al Ministerio Público, señalando que el proceso responde a una intención de criminalizar la lucha campesina. Además, anunció que solicitará el cambio de carátula de la causa.
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El conflicto se originó el 5 de diciembre, cuando una caravana de aproximadamente 50 vehículos derribó el portón de la estancia Lusipar (lote Toro Vevé), pese a la presencia de más de 800 efectivos policiales. El enfrentamiento dejó como saldo dos policías heridos por arma de fuego, varios campesinos lesionados, vehículos policiales dañados y la retención de 32 vehículos pertenecientes a los manifestantes.
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Tras los hechos, los campesinos realizaron movilizaciones frente a la Fiscalía y al Juzgado de Garantías de Santa Rosa del Aguaray, exigiendo la libertad de los detenidos y la devolución de vehículos y herramientas incautadas durante el operativo.
Asimismo, se desarrolló una denominada asamblea popular en la comunidad de Tava Guaraní, donde supuestos campesinos sin tierra debatieron los acontecimientos ocurridos durante el intento de invasión de la propiedad, administrada por la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
Durante dicha asamblea, los dirigentes resolvieron aglutinar fuerzas y preparar un nuevo intento de ocupación de las tierras, advirtiendo que deben estar listos para eventuales enfrentamientos y acciones de resistencia, hasta lograr que la estancia quede en manos de campesinos.
La estancia Lusipar, con una extensión aproximada de 11.000 hectáreas, fue incautada al narcotraficante brasileño Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca”, y se encuentra bajo administración de Senabico. Su arrendamiento a privados es el principal detonante del reclamo campesino, que exige que las tierras sean destinadas a la reforma agraria.