De acuerdo a los datos del Observatorio del Ministerio Público, el 65% de los padres que incumplen el deber legal alimentario tiene entre 30 a 45 años, según denuncias ingresadas este año en el Ministerio Público.
La Fiscalía recibió un total de 6.672 denuncias por el hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario a nivel país, afectando a numerosos niños, niñas y adolescentes.
Agregan que este hecho genera mucho impacto, sobre todo en estas fechas de Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos.
Los reportes corresponden a los meses de enero a noviembre de este año, reveló el Observatorio de la Fiscalía.
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Padres incumplidores del deber alimentario
De la cifra total, 4.270 denuncias corresponden a padres de la mencionada franja etaria, detalla la oficina de Estadísticas del Ministerio Público.
Los cinco departamentos de mayor frecuencia de denuncias son Central con 1.933 denuncias, Alto Paraná con 859 denuncias, Itapúa con 433 denuncias, Caaguazú con 442 denuncias y Asunción con 419 denuncias.
Por otra parte, San Pedro registró 342 denuncias, Cordillera 330 denuncias, Concepción 328 denuncias, Guairá 262 denuncias, Canindeyú 254 denuncias, y Misiones 241 denuncias.
Amambay cerró con 188 denuncias, Paraguarí con 185 denuncias, Caazapá 160 denuncias. Presidente Hayes recibió 124 denuncias, Ñeembucú 96 denuncias, Boquerón 67 denuncias y en Alto Paraguay 9 denuncias.
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Víctimas de incumplimiento del deber alimentario
Los niños, niñas y adolescentes más afectados tienen un promedio de edad de entre 5 y 9 años, que figuran con entre el 36% de los afectados.
El artículo 225 del Código Penal Paraguayo, sobre el incumplimiento del deber legal alimentario, expresa:
1º.- El que incumpliera un deber legal alimentario y con ello produjera el empeoramiento de las condiciones básicas de vida del titular, o lo hubiera producido de no haber cumplido otro con dicha prestación, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa.
2º.- El que incumpliera un deber alimentario establecido en un convenio judicialmente aprobado o en una resolución judicial, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa.