El Plenario de la Junta Municipal de San Bernardino estaba convocado para analizar el veto parcial del Ejecutivo Municipal a la ordenanza que autorizaba el uso del Anfiteatro José Asunción Flores para eventos nocturnos organizados por discotecas.
El tratamiento del punto fue bloqueado por la inasistencia de los concejales Oscar Valdez (ANR), Gladys Alonso (PLRA), Vidal Amarilla (PLRA), Álvaro Alcides Arias (ANR), Derlis Gómez (ANR), Jazmín Sosa (ANR) y Eduardo Pattender (ANR), lo que dejó sin quorum la sesión y postergó nuevamente la discusión.
Estos concejales fueron los que sí asistieron: El presidente de la Junta Ramón Paiva (ANR), Arnaldo Vera (PLRA), Baldomera Chaparro (PLRA), Francisco Aguilar (PLRA) y Wilfrido Villanueva (ANR).
Veto parcial
El veto parcial del intendente fue remitido a la Comisión de Legislación de la Junta Municipal, que emitió un dictamen en el marco del periodo legislativo municipal 2021–2026.
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En dicho documento, la Comisión recomendó aprobar el veto parcial a la ordenanza que autorizaba el uso del anfiteatro para eventos nocturnos, argumentando que la utilización del espacio por discotecas no desvirtuaría su finalidad cultural, artística y recreativa.
Anfiteatro José Asunción Flores debía ser preservado
El dictamen de la Comisión sostuvo que el Anfiteatro José Asunción Flores debía ser preservado como un espacio de carácter cultural y patrimonial, señalando que su uso para actividades nocturnas vinculadas a locales bailables no resultaba compatible con su destino original. Asimismo, se indicó que el veto parcial no prohibía la actividad económica en general, sino que mantenía la posibilidad de realizar eventos en otros espacios debidamente habilitados, garantizando el orden público y el cumplimiento de las ordenanzas municipales vigentes.
Sin embargo, en el dictamen presentado ante el Plenario Municipal se planteó una posición contraria al veto del Ejecutivo, solicitando su rechazo. En el documento se advirtió que la medida impulsada por el intendente carecía de sustento técnico y jurídico suficiente, y que vulneraba principios constitucionales básicos.
El texto recordó que la jurisprudencia nacional establece que las decisiones municipales deben respetar el destino original de los bienes públicos, y que no pueden restringirse derechos fundamentales sin una causa legítima, razonable y proporcional. En ese sentido, se sostuvo que la prohibición de actividades económicas en torno al anfiteatro no cumplía con dichos principios.
El dictamen también alertó sobre el impacto socioeconómico negativo que generaría la restricción del uso del anfiteatro. Según el documento, el Anfiteatro José Asunción Flores constituye un motor económico para la ciudad de San Bernardino, generando empleo directo e indirecto en sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y los servicios culturales.
Además, se señaló que declarar la zona como residencial provocaría una disminución de la actividad económica, afectando la recaudación municipal y deteriorando la calidad de vida de la comunidad, al debilitar uno de los principales polos culturales y turísticos de la ciudad.
En cuanto al principio de proporcionalidad y razonabilidad, el dictamen sostuvo que toda medida restrictiva debe ser proporcional al fin perseguido, y que en este caso no existía justificación técnica ni jurídica que avale la prohibición de actividades económicas en el entorno del anfiteatro. Por el contrario, se advirtió que la medida carecía de razonabilidad, al desconocer la importancia cultural, turística y económica del espacio.
Por estos motivos, en el documento se solicitó expresamente al Plenario Municipal rechazar el veto parcial del intendente, manteniendo firme la declaración original que preserva el carácter cultural, turístico y económico del Anfiteatro José Asunción Flores. Asimismo, se afirmó que la decisión de reclasificar el área como residencial resultaba contraria a la Constitución Nacional, a las ordenanzas municipales y al interés general de la ciudadanía.
Pese a la relevancia institucional, jurídica y social del tema, la sesión convocada para su tratamiento no pudo realizarse debido a la falta de quórum, dejando sin debate público un dictamen que debía ser analizado por el pleno de la Junta Municipal y postergando una definición clave para el futuro del principal escenario cultural de San Bernardino.
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