Los 29 campesinos imputados por el intento de invasión de la estancia Lusipar fueron beneficiados con medidas sustitutivas a la prisión, por lo que ninguno permanece actualmente en la cárcel regional de San Pedro. Sus aprehensiones se habían registrado luego de un atropello y enfrentamiento con uniformados el 5 de diciembre.
Ante la liberación de los detenidos, la ARP emitió un pronunciamiento y señaló su preocupación al respecto, ya que también apuntan que fue beneficiado Ángel Larrea, a quien califican como “el incitador de la violenta invasión de una propiedad privada”.
Para los ganaderos hay “señales de impunidad” y apuntan que los hechos investigados incluyen la invasión de inmuebles rurales, el atropello de portones y barreras de seguridad, así como ataques que dejaron policías heridos por arma de fuego.
“Se trata de conductas de extrema gravedad que afectan el Estado de derecho, la propiedad privada y la seguridad de productores, trabajadores y comunidades enteras del interior del país”, agregan.
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“Un mensaje equivocado”
El gremio también apunta que si bien respetan al Poder Judicial y las decisiones de los magistrados, también “advierte” que una liberación generalizada “envía un mensaje equivocado a la ciudadanía”.
Asimismo, aseguran que las medidas alternativas no pueden convertirse en un “atajo para vaciar de contenido las investigaciones” y tampoco para relativizar la gravedad de las invasiones o la violencia extrema.
“Exhortamos a que las causas penales sigan su curso con objetividad y rigor, que se determinen responsabilidades individuales y que, en caso de comprobarse los hechos, se apliquen sanciones proporcionales”, publican.
Finalmente, instan a un cumplimiento de las medidas dictadas por el caso para una “paz en el campo” y sostienen que “no puede haber verdadera paz social con el uso de la violencia, sin respeto a la Constitución, a las leyes y a las decisiones judiciales legítimas”.
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