Son 6.600 los padres que fueron denunciados ante la Fiscalía por incumplimiento del deber alimentario este año, según los datos compartidos por Dirección de Análisis de Información Estratégica (DAIE) del Ministerio Público.
Esto se traduce en una cantidad mayor de niños, niñas y adolescentes que no están teniendo alimentación, vestimenta, educación y problemas de acceso a la salud, según se estima.
Para Gunter Krone, asesor de la DAIE, la preocupación principal radica en que estos niños sufren abandono de sus progenitores, que hace al desarrollo no solamente físico del niño, sino que también a su desarrollo emocional.
“Eso al día de mañana podría traer graves consecuencias no solamente a esa familia, sino que a la sociedad en general al tener chicos que tengan un desarrollo que no sea el óptimo. Estamos hablando de las denuncias que presentan las madres. Esto no es necesariamente la cantidad de padres que están en proceso de separación y que no están cumpliendo, o sea, que están asistiendo a los chicos. En este caso hablamos de 6.600 padres que no están cumpliendo con su deber por distintos motivos”, aclaró.
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Rango de edad de niños afectados
De acuerdo a las cifras de la Fiscalía, los niños, niñas y adolescentes víctimas afectadas están en la etapa de desarrollo más crítica, son chicos de entre 5 y 9 años.
Por otra parte, la mayor cantidad de padres que no están cumpliendo con los hijos, son de entre 30 y 45 años, es decir, padres que están en plena edad productiva, no de padres menores de edad que no podrían encontrar un empleo, o padres que ya sean de la tercera edad que no puedan tener algún tipo de asistencia.
“Estamos hablando de personas que están en una edad plenamente productiva que no están pasando la prestación alimentaria a sus hijos y eso, por supuesto, además de las consecuencias sociales y de las consecuencias familiares, también hay que recordar que hay una probabilidad de que puedan ser sentenciados incluso a pena privativa de libertad al no cumplir con estos acuerdos que pueden darse”, recordó Krone.
Si bien existe el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), las cifras de este registro y el de las denuncias ante la Fiscalía pueden no coincidir, ya que varios casos llegan primero al Ministerio Público y luego se registran en el Redam.
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Quienes ingresan al Redam quedan privados de varios trámites que uno tiene que realizar ante el Estado como la renovación del pasaporte, ciertos permisos, incluso para acceder a ciertos créditos que está ofrece el Estado.
Acuerdos entre padres
Existen varios tipos de acuerdos que se pueden dar entre padres que se separan por diferentes motivos, pero que tienen hijos en común.
Uno de ellos es que los padres lleguen a un acuerdo extrajudicial y elaboran un documento con un escribano en el que estipulen el monto de la prestación alimentaria y otro tipo de régimen de visita o de convivencia, sin llegar a la justicia.
En el caso de que el padre o alguno de los padres no quiera tener ese proceso, o no quiera dar lo que le corresponde, la madre, que generalmente es la que tiene la mayor parte de la carga en la mayoría de los casos, puede acercarse a un juzgado de la niñez y solicitar un juicio por prestación alimentaria.
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Si es que no tiene dinero para solventar un abogado, la defensa pública también le puede dar un abogado de manera gratuita para que pueda llevarle adelante ese proceso en el juzgado de la niñez.
Todos los juicios se realizan en las zonas donde se declara que vive la víctima, es decir, el niño, niña o adolescente, no así donde viven los padres.
En estos casos, el juez estipula un acuerdo homologado en el que el padre cuanto quiere o puede pagar y en caso de que la mamá acepta, se firma el compromiso que es homologado por el juez.
En caso de que el padre no se presente al juzgado, el juez solicita toda la información que haya acerca del padre en el registro público, en el Instituto de Previsión Social (IPS), en el Ministerio del Trabajo, en bancos, financieras, cooperativas o donde sea que pueda obtener información a fin de determinar cuáles son los ingresos promedios del padre para ordenar un embargo sobre el pago o el salario, o los bienes del padre para cubrir las necesidades del niño.
También existen casos, aunque muy pocos, donde el padre se acerca a realizar un juicio de ofrecimiento de la prestación alimentaria, a fin de llegar a un acuerdo entre las partes, priorizando siempre el derecho del niño, niña o adolescente.