La acusación fiscal fue presentada por la agente de Delitos Económicos y Anticorrupción Yeimy Adle, encargada de investigar el presunto esquema de coima y extorsión en el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas para el otorgamiento de las Acreditaciones Fitosanitarias de Importación (Afidi).
Los demás acusados por supuesto cohecho pasivo, asociación criminal, lavado de dinero y extorsión son Miguel Báez Soria, Martín Lezcano Villalba, Ramona Arce Ramírez, Víctor Leiva Cardozo, Plinio Gamarra Morel y Eladio Figueredo.
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De acuerdo con la teoría fiscal, una vez que asumió en el cargo Pastor Soria Melo estableció un esquema para la expedición de la Afidi, documento emitido por el Senave cuyo costo era solo de G. 17.715; sin embargo, los importadores habrían sido obligados a pagar coimas que oscilaban entre G. 5.000.000 y G. 10 millones por cada certificado y con casos de pagos incluso de hasta G. 80 millones.
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Según la agente fiscal la extorsión se fundamentaba en las demoras injustificadas en Puerto Falcón, donde los funcionarios identificaban en el sistema de Ventanilla Única de Importación a los comerciantes que solicitaban las Afidi, para introducir al país tomates de forma legal.
Recaudaron G. 519 millones, según fiscalía
Con los elementos que el Ministerio Público logró reunir durante la etapa de investigación, se corroboró que durante los meses de diciembre de 2023 a abril de 2024, los importadores se vieron obligados a abonar en total G. 519.100.000 para obtener las mencionadas Acreditaciones Fitosanitarias de Importación.
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Del total recaudado por el esquema criminal, según la acusación fiscal se han transferido a la cuenta habilitada en el Banco Itaú a nombre de Plinio Gamarra Morel la suma de G. 225.100.000; mientras que la suma restante se ha entregado en efectivo a los demás acusados, y unos G. 20.000.000 fueron transferidos a la cuenta de la firma Centronic S.A., suma que luego fue retirada en efectivo por Sergio Rodríguez.
En otra parte del escrito de acusación la agente fiscal resalta que, en un intento de desmarcarse del esquema, el entonces titular del Senave Pastor Soria denunció en el marco de la presente causa, a personas innominadas, por el pago irregular de las Afidi, tras las denuncias realizadas por los importadores.
MP pide sobreseimiento para dos investigados
La fiscal anticorrupción Yeimy Adle, al presentar el requerimiento conclusivo, solicitó al juzgado Penal de Garantías el sobreseimiento definitivo de los funcionarios del Senave Herminio Batte Martínez y Juan Lezcano Del Puerto, imputados por supuesta autoría en los hechos de cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado y asociación criminal, y como cómplices de la extorsión.
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En el caso de Herminio Batte Martínez, la fiscalía concluyó que si bien dentro del departamento a su cargo se encontraba la autorización de las Afidi, el mismo cumplía expresamente las instrucciones que le daba Pastor Soria como máxima autoridad de la institución.
Esto se desprende de las diligencias realizadas en la etapa de investigación y de las capturas de pantalla de las conversaciones entre ambos, agregadas por el Sr. Batte Martínez al momento de prestar declaración indagatoria en la Fiscalía.
En cuanto al funcionario Juan Lezcano Del Puerto, la agente fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción señala que la sospecha era que, en su carácter de Inspector Oficial de Puerto Falcón, finiquitaba las Afidi por las cuales se abonaban sumas de dinero fuera de los aranceles legales.
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Sin embargo, durante la investigación se probó que cuando el Departamento de Cuarentena Vegetal autorizaba el documento para la importación de tomates Lezcano Del Puerto ya no tenía otra opción más que dar por finiquitado dicho proceso para la emisión del documento, tampoco tenía potestad para anular, rechazar ni negar el finiquito de las Afidi.
Ahora el juzgado Penal de Garantías a cargo de la presente causa tendrá que resolver si admite ambos requerimientos conclusivos presentados por la Fiscalía y fijar fecha para realizar la audiencia preliminar.