El juez penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal descartó la posibilidad de otorgar arresto domiciliario a Ricardo Luis Morra Gadea, operador político de Honor Colorado detenido el 5 de diciembre de 2023 durante la megaoperación contra el tráfico de armas Dakovo.
La extradición al Brasil de Morra y de otras nueve personas ha sido ordenada por Legal por sentencia definitiva (SD) 14 de fecha 26 de julio de 2024, decisión confirmada en segunda instancia. Actualmente. se encuentra en estudio eb la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad planteada por la defensa contra ambas resoluciones.
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En una audiencia de revisión de medidas realizada ayer, el abogado Jorge Barreto solicitó el arresto domiciliario de su representado en una vivienda de la ciudad de Fernando de la Mora, Zona Norte, domicilio de la pareja del extraditable María Soledad Zarza Ocampos.
Millonaria fianza ofrecida
La defensa ofreció la fianza real de G. 3.222 millones, garantizados con las siguientes propiedades: dos inmuebles de Ceferina Vera tasados en G. 872 millones y en G. 550 millones y otro de su padre Miguel Ángel Morra Corrales, tasado en G.1.800 millones.
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Asimismo, la defensa ofreció la fianza personal de Rodrigo Luis Battochi García, operador político de la seccional 22, por G. 250 millones, de quien dice tener ingresos mensuales entre G. 700 y 800 millones.
La defensa sostiene que los hechos imputados por la justicia brasileña a su defendido son organización criminal, con pena de 3 a 8 años y blanqueo de dinero, con pena de 3 a 10 años de cárcel y multa.
Barreto destaca que esta causa se encuentra en su etapa final y por lo tanto, no existe riesgo de obstrucción a la investigación.
Proceso paralelo por homicidio culposo
Paralelamente, Morra afronta un proceso por homicidio culposo, razón por la cual en la sentencia de extradición se dispuso diferir su entrega a la conclusión de la causa penal mencionada.
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“La ley de ejecución penal del Brasil ley N°7210/84 y su modificatoria beneficia a los reos primerizos en el sentido de que la pena privativa de libertad serán ejecutadas en forma progresiva con la transferencia para el régimen menos estricto en un 16% de la pena en ese sentido es decir de ser condenado el mismo se debe tener en cuenta que gozara de este beneficio por lo que el mismo desacredita de esta manera el riego a la fuga (...)“, alegó el defensor.
“(...) y teniendo en cuenta que ya se encuentra privado de su libertad por dos años y un mes aproximadamente por lo que se debe contemplar lo establecido en el art. 236 del CPP que habla de la proporcionalidad de la privación de la libertad y que establece que en ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada hecho punible en la ley ni exceder del plazo que fija este código para la terminación del procedimiento o durara más de dos años (...)”, concluyó el abogado Barreto.
Fiscal se opuso al arresto domiciliario
El fiscal Francisco Cabrera se opuso a la concesión del arresto domiciliario a Morra, tras destacar que “ante la naturaleza del compromiso asumido por el estado cualquier medida alternativa resultaría insuficiente e ineficaz para garantizar la sujeción al proceso y el cumplimiento de lo resuelto por el órgano jurisdiccional, por tanto, el mero transcurso del tiempo no resulta suficiente para otorgar una medida menos gravosa ya que la existencia de un fallo judicial firme eleva el peligro de fuga”.
El magistrado Legal rechazó la pretensión de la defensa tras resaltar la necesidad de garantizar el cumplimiento de la extradición ordenada y la consecuente entrega del justiciable a las autoridades brasileñas.
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“La situación cautelar del Señor Ricardo Luis Morra Gadea no ha variado, en atención a que, conforme al estado actual del presente proceso de extradición, a la fecha no ha podido ser materializada la extradición del mismo habida cuenta de que su defensa promovió una acción de inconstitucionalidad en contra del fallo que hiciera lugar a su extradición, como también en contra del fallo de segunda instancia que confirmara esa resolución, pendiente de resolución de parte de la máxima instancia judicial", concluye Legal.
Los extraditables del caso Dakovo
Además de Morra, actualmente recluido en la Penitenciaría Regional de Emboscada Padre de la Vega, son requeridos por la Justicia del vecino país otras nueve personas.
Ellas son: la teniente de Navío Cinthia María Turro Braga, exasesora jurídica del Registro Nacional de Armas e hijastra del excomandante de las Fuerzas Militares Braulio Piris, la capitana del Ejército Josefina Cuevas Galeano, exjefa de División de Importación de la Dirección de Material Bélico Josefina Cuevas Galeano, María Mercedes Ocampos Centurión, Eliane Magalí Marengo Subeldía, Manuel Antonio Gómez, Arnaldo Cubas, Ángel Flecha, Aldo Cantero Cáceres y Julio Cubas, estos dos últimos sindicados como “vendedores” de armas.
La información proporcionada por la justicia brasileña señala que las armas ingresadas al país en forma clandestina fueron a parar a manos de grupos criminales como Comando Vermelho (CV) y Primer Comando da Capital (PCC).
Proceso por supuesto tráfico de armas en Paraguay
En ocasión de la Operación Dakovo, realizada el 5 de diciembre de 2023, fueron detenidas otras seis personas cinco de las cuales esperan actualmente juicio oral y público po tráfico de armas y otros delitos. Otras seis personas detenidas durante el operativo de diciembre de 2023 fueron procesadas en nuestro país por tráfico de armas y otros delitos y actualmente cinco de ellos esperan su juzgamiento.
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Las personas que afrontarán juicio oral y público son el comerciante Paulo César Fines Ventura, Gral. Arturo Javier González Ocampos, Cnel. Bienvenido Santiago Fretes González, Gral. Jorge Antonio Orué Roa y Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano, ex funcionario de la firma International Auto Supply SA (IAS). El sexto detenido, Victorino Gómez Paredes, falleció.