Vecinos de Mburucuyá, esperan que la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), cumpla las promesas que su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), hizo en septiembre de 2024, de habilitar las calles Darío Gómez Serrato y José Gómez Brizuela. Casi un año y medio después, las obras siguen inconclusas y el actual intendente tampoco da muestras de querer continuarlas.
La más complicada es Darío Gómez Serrato, paralela a Julio Correa. Esta vía mantiene hasta hoy un tramo de aproximadamente 100 metros, entre Alfredo Pla y teniente Raúl Campos, donde en lugar de pavimento hay una zanja. La calle corresponde a la parte posterior de la plaza Mártires de la Policía.
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El 4 de septiembre de 2024, Rodríguez publicó en la red social Instagram un video en el que se mostraba indignado ante el estado en el que se encontraban los sitios donde supuestamente deberían existir estas vías. “No sé si es que llamarle calle o cómo llamarle”, criticaba.

“Vamos a cambiar la vida de los vecinos de esta zona. Vamos a construir una calle como corresponde”, insistía Nenecho en el material audiovisual. Vecinos del lugar contaron a ABC que la Municipalidad inició los trabajos sobre calles aledañas, como Alfredo Pla, pero luego quedaron parados, antes de que las calles verdaderamente aisladas fueran intervenidas.
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Clausurados
Vecinos del barrio le dijeron a ABC que las actuales condiciones de la zona son intolerables. Además de vivir “encajonados”, la falta de infraestructura adecuada y calles pavimentadas, la convierte en una zona conflictiva para el tránsito y la seguridad.
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Para ellos resulta contradictorio que, siendo el barrio uno de los más caros de Asunción, donde los frentistas abonan impuestos elevados, presente este estado de deterioro y carezca de la infraestructura más básica. En lugar de pavimento, el paisaje cotidiano está compuesto por calles de tierra y mucha maleza.

La situación se agrava drásticamente cada vez que se registran precipitaciones sobre la capital. Debido a la presencia de arroyos y nacientes, la zona es azotada por enormes raudales. La falta de calles adecuadas convierte al sector en un área muy peligrosa para transitar, pero sobre todo para quienes residen en el sitio.
Puente de “adorno”
Por su parte, los vecinos reclaman que la calle José Gómez Brizuela, paralela a la avenida Primer Presidente, mantiene el tramo entre Darío Gómez Serrato y El Agricultor Paraguayo, en condiciones similares.
Si bien en el sitio se hicieron trabajos de colocación del empedrado y hasta la construcción de un pequeño puente, este resulta inservible. Aunque la estructura central fue terminada, las cabeceras no están unidas a ninguno de los dos lados de la calle, reclaman.
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En estas condiciones, el puente solo puede ser utilizado por peatones, mientras que el paso vehicular es imposible. Esto anula el propósito original de la obra, que era mejorar la fluidez del tránsito local. La estructura, hoy, permanece allí, rodeada de pastizales y yuyales, sin cumplir ninguna función para los vecinos.

Los pobladores han bautizado irónicamente a esta obra inconclusa como un “puente de adorno”, símbolo más visible de una gestión que dejó proyectos importantes a mitad de camino.
El contrato
Esta obra corresponde al lote 2 de la licitación con ID N° 407.558, para el mejoramiento vial con pavimento tipo empedrado en varias calles de la capital. El contrato, firmado el 2 de mayo de 2024, fue adjudicado a la Constructora Feldmann SA, representada por Alejandro Feldmann, por un monto total de G. 7.591 millones, de los cuales se pagó G. 2.556 millones. El plazo para finalizar era de 180 días, desde la orden de inicio.

Los trabajos comprometidos abarcaban las zonas de Botánico, Santísima Trinidad, Mburucuyá, Madame Lynch, Las Lomas, San Jorge, Herrera, Recoleta, Hipódromo, Terminal, San Pablo, Carlos A. López, Roberto L. Petit, Republicano, Santa Ana e Itá Enramada, en donde aún había calles de tierra.
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Rodríguez renunció a la Intendencia el 22 de agosto, minutos antes de la presentación del contundente informe final del interventor, Carlos Pereira y ante la inminencia de su destitución, anunciada por su propio movimiento, el cartismo. Pereira confirmó el desvío de G. 512.000 millones de los bonos G8, mediante “terribles prácticas ilegales“, como la utilización de una “cuenta única”.
El exintendente enfrenta por lo menos ocho procesos judiciales, incluyendo una acusación formal por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”.