El juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, quien interina a su colega Lici Sánchez, rechazó por medio del Auto Interlocutorio (AI) N° 12, el incidente de nulidad del acta policial y de detención de los hermanos Artemio López ruíz (45) y Juan de la Cruz López Ruíz (43), quienes son requeridos mediante extradición por la Argentina, donde son buscados desde hace 11 años por un caso de homicidio.
La defensa de los hermanos, ejercida por la abogada Francisca Beatriz Silvero, planteó un incidente de nulidad contra el acta policial y la detención de sus clientes, realizada a las 17:20 del 13 de enero, por policías de Interpol, en la vía pública, calle sin nombre del Asentamiento “18 de agosto” del distrito de Edelira, departamento de Itapúa.
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Según formuló la defensa de los hermanos López Ruíz, cuando los policías “ingresaron sin orden judicial de allanamiento al domicilio particular, donde mis defendidos se encontraban realizando actividades laborales de albañilería. El ingreso de produjo de manera violenta, agresiva, arbitraria y prepotente, irrumpiendo en la vivienda portando armas de gruesos calibres, generando temor y zozobra en los moradores del lugar”.
Al respecto, la defensora solicitó “declarar la nulidad absoluta de todas las actuaciones por violación de la garantía constitucional de inviolabilidad de los recintos privados y declarar la nulidad de la detención de sus defendidos por ser ilegal y arbitratoria”.
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Aprehensión fue legal, sostuvo Fiscalía
Teniendo en cuenta que Artemio y Juan de la Cruz López Ruíz están sometidos a un proceso de extradición a la Argentina, por un caso de homicidio simple, cuya expectativa de pena es de 25 años de cárcel, el encargado de contestar el planteamiento de la defensa, fue el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales Manuel Doldán Breuer.
Doldán consideró que “los argumentos esgrimidos no resultan suficientes ni idóneos para poder sustentar la invalidez pretendida. La defensa se limita a efectuar simples manifestaciones genéricas sin agregar documentación respaldatoria que demuestre la tesis proporcionada”.
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Añadió el fiscal adjunto que “se adjuntó, además, el acta de procedimiento de la misma fecha, en el que se detalla la actuación policial llevada a cabo que condujo a la detención de las citadas personas en vía pública, quienes dieron su conformidad al contenido firmando al pie del mismo, sin expresar negativa o situación de arbitrariedad, como plantea la defensa”.
Por último, Doldán resaltó que “la República del Paraguay, a través de sus órganos de justicia, tiene la responsabilidad internacional de adoptar todas las medidas de seguridad tendientes a evitar la fuga de quien es requerido por la justicia extranjera, peligro que de por sí, se encuentra implícito en toda solicitud de extradición, más aún en casos como el que nos ocupa, en que las personas fueron localizadas en la República del Paraguay”.
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Finalmente, el juez Osmar Legal, tras tener los argumentos de las partes, concluyó que “la defensa plantea dicho incidente alegando que se ha producido la aprehensión de sus defendidos dentro de un domicilio particular sin orden judicial de allanamiento, sin demostrar ni acreditar tales argumentos, y constituyéndose los antecedentes en estos autos que todo lo actuado se ha realizado dentro de la legalidad”.
Buscados hace 11 años por un crimen
De acuerdo con los antecedentes, los hermanos Artemio y Juan de la Cruz cometieron un hecho de homicidio, el 19 de julio de 2014, en la localidad de Rafael Castillo, de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
Los sindicados habrían apuñalado a Rafael Franco Cabrera, lo que desembocó en su muerte. Las heridas le habrían ocasionado una falla multiorgánica, pese a que fue atendido en un centro de salud.
Por ese hecho, y de que las sospechas recaen principalmente sobre ambos, es que son requeridos por medio de la extradición por el Juzgado de Garantías N°2 del departamento de La Matanza, Argentina, a cargo del Dr. Raúl Roberto Ali, por la supuesta comisión del hecho punible de homicidio simple, con una expectativa de pena privativa de libertad de 25 años.