Por medio del Auto Interlocutorio (AI) N° 23, el juez Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, Segundo Turno, Rodrigo Estigarribia, dispuso que Alcira Celeste Rodríguez Flores, funcionaria de la entonces Dirección General de Registros Públicos (DGRP), hoy forma parte del Registro Único Nacional (RUN), cumpla medidas de vigilancia. La misma está imputada por el caso de las transferencias de Alexandre Rodrigues Gomes.
Dichas medidas consisten en la prohibición de salir del país sin previa autorización del juzgado, y de ponerse en contacto con los demás coimputados, bajo ningún medio de comunicación, sea por mensajes, llamadas, redes sociales y otros.
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Además, Alcira Rodríguez tiene la obligación de residir en el mismo domicilio ubicado en el barrio Hipódromo de Asunción; de comparecer ante el juzgado de forma trimestral dentro de los primeros cinco días del mes correspondiente, a fin de firmar el libro.
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Igualmente, trabó el embargo preventivo en relación con un inmueble del distrito de Capiatá, registrado a nombre de Nélida Guillermina Flores de Rodríguez, hasta cubrir la suma de G. 400.000.000, bajo apercibimiento de que en caso de fuga de la imputada, la misma será ejecutada.
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El Ministerio Público habría solicitado medidas para Rodríguez Flores, en consideración a que “si bien se verifican elementos de convicción sobre la participación de la encausada, no considera necesaria la aplicación de la prisión preventiva”.
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Alteración en la DGRP permitió transferencias de bienes
El 19 de agosto de 2024, se ejecutó la operación “Pavo Real Py II”, con allanamientos en simultáneo a las casas del entonces diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista y su hijo, Alexandre Rodrigues Gomes, ubicadas en Pedro Juan Caballero. En el procedimiento , murió el legislador y Alexandre Rodrigues cayó preso. El operativo fue dirigido por los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres.
Ese día, el juez Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, a través del AI N° 331, decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes sobre Alexandre Rodrigues, lo que lo inhabilitaba para disponer de sus bienes. El 20 de agosto, el abogado Óscar Tuma asumió como defensor penal de Alexandre.
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Ese día, el Juzgado ordenó vía oficio a la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), que se registre la medida cautelar a los imputados, entre ellos Alexandre Rodrigues. A las 8:22 se informó al juzgado que a las 7:44 se cumplió con lo solicitado. Las anotaciones estuvieron a cargo de la funcionaria Graciela Rodríguez, con código de usuario 101.
El abogado Óscar Tuma apeló el AI N° 331 a las 0:56 del 21 de agosto de 2024, con el argumento de que la medida cautelar era nula, pues la admisión de la imputación aún no estaba firme. A estas alturas, Tuma ya tenía conocimiento de la medida cautelar y todo el contenido del expediente electrónico, según la fiscalía.
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Ese 21 de agosto, a las 12:22, la funcionaria de la DGRP imputada Alcira Celeste Rodríguez Flores, ingresó al sistema con su código de usuario 107, realizó una actualización en la anotación de Alexandre Rodrigues Gomes, reemplazando su nombre y apellido por el de Alexandra Rodríguez Giménez; y también los números de cédulas, de 6.518.333 por 5.183.336. Esto “limpió” al procesado de la medida judicial.
El 24 de mayo de 2025 la escribana de San Juan del Paraná (Itapúa), Elvia Ayala, elaboró escrituras públicas a través de las que Rodrigues transfería cuatro inmuebles, ubicados en Pedro Juan Caballero y cuyo valor total era de G. 1.700 millones al abogado Óscar Tuma, como dación en pago por sus honorarios.
Imputaciones por transferencias de bienes de Alexandre Rodrigues
En septiembre, fueron imputados Alexandre Rodrigues Gomes y las escribanas públicas Blanca Rossana Ozuna Leguizamón (San Lorenzo, María Luisa Verón de Jara (Areguá) y María Raquel Cáceres Olmedo (Fernando de la Mora).
La Fiscalía atribuyó a Alexandre Rodrigues, la presunta comisión de lavado de dinero, en la modalidad de autoría de frustración del comiso; así como la instigación para la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de documentos públicos de contenido falso.
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En tanto que a las escribanas Blanca Ozuna, María Verón y María Cáceres se les sindican los hechos de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
Por estos mismos hechos, pero en una causa diferente, Rodrigues fue imputado por lavado de dinero junto con el abogado Óscar Luis Tuma Bogado, quien ejerció su defensa desde el 20 de agosto de 2024; también la funcionaria de la Dirección General de los Registros Públicos, Alcira Celeste Rodríguez Flores, por alteración de datos, acceso indebido a sistemas informáticos y alteración de datos relevantes para la prueba.
