La Coordinadora de Víctimas de la “Mafia de los Pagarés” alzó la voz ante la inminente elección de la nueva Mesa Directiva de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), prevista para este mes de febrero. A través de un comunicado público, el colectivo advirtió a las autoridades de los tres poderes del Estado sobre la gravedad de una situación que califican como “insostenible”.
Según el documento, la justicia paraguaya atraviesa una “crisis estructural de impunidad” que ha permitido la operación de esquemas criminales basados en el uso de documentos de contenido falso y en el amedrentamiento judicial sistemático.
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Exigen cambios reales en la Corte
Las víctimas reclamaron que la renovación de autoridades en la CSJ no se convierta en un “mero trámite administrativo”, e instaron a los ministros a emitir votos basados en principios éticos y en la defensa del Estado de Derecho.
“Exigimos la suspensión inmediata de la matrícula de abogados imputados que operan bajo el amparo de la mora judicial”, señala el comunicado, en el que también advierten que cualquier instancia de diálogo con la Corte estará supeditada a “gestos concretos” y no a promesas formales.
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Asimismo, ratificaron el pedido de juicio político contra los ministros que, por acción u omisión, han permitido la continuidad de las estafas sistémicas vinculadas a la denominada “Mafia de los pagarés”.
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Duras críticas al Congreso Nacional
La Coordinadora también apuntó contra el Poder Legislativo, denunciando que la Comisión Permanente del Congreso Nacional ha dilatado deliberadamente el tratamiento del tema, pese a que figura en el orden del día desde inicios de enero de 2026.
Para el gremio, esta inacción evidencia una “falta de voluntad política” y el sometimiento de algunos legisladores a intereses económicos que se benefician del actual esquema. En ese contexto, solicitaron formalmente el uso de la palabra en sesiones parlamentarias para exponer datos técnicos sobre el denominado “despojo salarial”.
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Jubilados y trabajadores, entre los más afectados
De acuerdo con la Coordinadora, las maniobras fraudulentas han empujado a la indigencia a jubilados, docentes y funcionarios públicos, quienes han visto comprometidos sus ingresos a través de embargos irregulares y procesos judiciales viciados.
El comunicado sostiene que estas prácticas han sido posibles gracias a la combinación de documentos falsos, resoluciones exprés y la falta de control efectivo por parte de las autoridades judiciales.
“No daremos un paso atrás”
Finalmente, las víctimas reafirmaron su compromiso con el “saneamiento institucional” del país y aseguraron que continuarán con las movilizaciones y acciones públicas hasta lograr el resarcimiento integral de los afectados.
“El uso del miedo judicial y la falsificación de documentos no pueden seguir siendo la moneda corriente en Paraguay”, concluye el documento, firmado este 2 de febrero de 2026.