Una humilde vivienda de Capiatá quedó a oscuras debido a un corte de la energía eléctrica y el retiro del medidor de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). El Ministerio de la Defensa Pública relató que allí viven una mujer y dos personas con discapacidad intelectual: su madre y hermana menor, ambas “declaradas insanas por resolución judicial y bajo su curaduría legal”.
La institución resaltó que esa situación dejó a la familia en una situación crítica y afectó directamente su calidad de vida. “La energía eléctrica, más que un servicio, es un derecho esencial para garantizar condiciones mínimas de una vida digna, especialmente cuando se trata de personas en situación de discapacidad”, señaló el ministerio en la publicación realizada ayer.
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Intervención y orden judicial
La defensora pública de Capiatá, Andrea Elizabet Castillo Alvarenga, intervino en este caso y promovió una acción de amparo constitucional. El caso data de octubre del año pasado, pero fue dada a conocer ayer.
Según el relato, si bien existió una deuda impaga desde julio del mismo año, esta fue cancelada en su totalidad en el mes de septiembre. A pesar de ello, “la ANDE se negó arbitrariamente a restituir el servicio y reponer el medidor, lo que obligó a recurrir al auxilio de la justicia”.
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La ANDE solicitó el rechazo del amparo, alegando la legalidad de sus actuaciones. Sin embargo, la jueza Alexis María Vallejos Mendoza resolvió hacer lugar a la acción promovida y confirmó la medida cautelar que ordenó la reconexión del servicio y la reposición del medidor. Se logró de esa manera la reconexión inmediata del servicio.
En su sentencia, la magistrada destacó que se trataba de una cuestión de derechos humanos, en la que se encontraba comprometida la dignidad humana y la protección de personas en estado de discapacidad y vulnerabilidad, plenamente amparadas por la Constitución Nacional.