Durante la diligencia, la defensa técnica del menor solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, proponiendo su internación en el domicilio de sus padres. El pedido se basó en el cumplimiento del plazo mínimo previsto para la medida cautelar en el régimen penal adolescente.
Sin embargo, los fiscales Carlos Ramírez y Laury Vázquez se opusieron al planteamiento, argumentando que el cómputo del plazo debe iniciarse a partir de una segunda imputación formulada en diciembre de 2025. En ese mes, el Ministerio Público recalificó los hechos inicialmente atribuidos como homicidio doloso, tras la incorporación de nuevos elementos probatorios.
Según la Fiscalía, los análisis laboratoriales, entre ellos los resultados de ADN, permitieron atribuir al adolescente los supuestos hechos punibles de feminicidio y abuso sexual en niños, lo que derivó en una nueva imputación y, posteriormente, en la acusación formal presentada en diciembre.
Los fiscales señalaron además que subsisten altos riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga y la necesidad de asegurar el sometimiento del acusado al proceso penal hasta la eventual realización del juicio oral. Indicaron que el domicilio propuesto para el cumplimiento de las medidas alternativas se encuentra a escasa distancia de la vivienda de familiares de la víctima.
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Asimismo, mencionaron la existencia de un informe psicológico incorporado a la causa, que describe rasgos de impulsividad y problemas de conducta en el adolescente, elementos que —según la postura fiscal— deben ser considerados al momento de analizar una eventual sustitución de la prisión preventiva.
El Juzgado Penal de la Adolescencia deberá resolver si hace lugar al pedido de la defensa o si mantiene la medida cautelar vigente, conforme a la oposición planteada por el Ministerio Público.
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Se confirmó que la audiencia preliminar fue fijada para el próximo 26 de febrero. Tras dicha etapa procesal, el juzgado deberá determinar si la causa es elevada a juicio oral.
En cuanto a la investigación vinculada a otro imputado mayor de edad, hermano del adolescente, los fiscales informaron que continúa bajo prisión preventiva. En su caso, el Tribunal de Apelaciones concedió una prórroga extraordinaria de cuatro meses para la realización de diligencias pendientes que permitan esclarecer su grado de participación en los hechos investigados.
El Ministerio Público indicó que los resultados de estas nuevas diligencias serán determinantes para definir si ambos procesados serán finalmente acusados en carácter de coautores dentro de la causa.