El reclamo fue formalizado mediante la Nota N.º005/26, que ya ingresó oficialmente a la Mesa de Entrada de la Municipalidad y de la Junta Municipal, y en la cual se exige la restitución inmediata del monumento a su estado original, considerando que se trata de un bien de alto valor histórico, simbólico y patrimonial para la Nación.
En el documento, la comisión recuerda que la Ley N.º 5621/16, en su artículo 41, establece sanciones penales para toda acción que implique daño, alteración, destrucción o intervención no autorizada sobre bienes que formen parte del patrimonio cultural, advirtiendo que el retiro del monumento podría constituir un hecho punible.
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Un retiro sin justificación clara
El conflicto se inició el 28 de enero, cuando el intendente Ruiz Díaz ordenó la remoción de la figura del general Bernardino Caballero de la plaza céntrica de la ciudad, sin una explicación técnica, resolución administrativa ni autorización de organismos culturales competentes.
La decisión generó una fuerte reacción ciudadana, cuestionamientos desde distintos sectores políticos y sociales y pedidos de informes en la Junta Municipal, ante lo que el jefe comunal respondió que el retiro se realizó porque “el pueblo lo pidió”.
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Tras consultas realizadas por este medio a pobladores de San Bernardino, varios ciudadanos desmintieron esa versión, señalando que la medida habría sido tomada como represalia política, luego de que el intendente se enterara de que la presidenta de la Cámara de Comercio Marilín Caballero, es descendiente del general Bernardino Caballero.
Conflictos políticos y clima de tensión
La polémica se da además en un clima de alta tensión política en la ciudad, ya que Ruiz Díaz mantiene desde hace meses un conflicto abierto con la presidenta de la Cámara de Comercio de San Bernardino, a raíz de la prohibición de discotecas y eventos nocturnos en el anfiteatro José Asunción Flores, una medida que generó fuertes críticas del sector turístico y comercial.
Este contexto refuerza las sospechas de que la remoción del monumento no respondió a un criterio técnico ni patrimonial, sino a decisiones políticas discrecionales, ahora cuestionadas incluso a nivel nacional.
Advertencia de denuncia
Desde la Comisión Nacional de Puesta en Valor advirtieron que, en caso de no cumplirse el plazo otorgado, se avanzará con una denuncia formal, atendiendo a que el daño o la alteración de bienes patrimoniales no solo constituye una falta administrativa, sino un posible delito.
Para conocer la postura del intendente de San Ber, este medio intentó comunicarse y envió mensajes al número telefónico del jefe comunal con terminación 912, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta nota.
Estamos abiertos en caso de que desee ejercer su derecho a réplica.
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