El sistema de salud en el Instituto de Previsión Social (IPS) ha tocado fondo. Lo que debería ser un derecho garantizado por los años de aporte, se ha convertido en una carrera contra la muerte y la burocracia. El caso más reciente es el de la señora Mirna Rojas, cuya familia obtuvo una victoria legal que, en la práctica, no tuvo ningún efecto, por falta de respuesta de la institución.
La sentencia definitiva 96, firmada por la jueza Elsa María García Hülskamp el martes 3 de febrero, ordenaba al IPS a la provisión “inmediata” de insumos críticos —como alambres guía, catéteres diagnósticos y llaves manifold— para un procedimiento de cateterismo urgente.
Sin embargo, la previsional respondió con su habitual argumento: “falta de stock”. Ante la inoperancia del ente, la asegurada debió recurrir a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) para conseguir los materiales y someterse a la cirugía que el seguro le negó.
El caso Braulio Vázquez
Este caso no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de abandono que ya cobró vidas. El 28 de enero, la desidia del IPS se llevó a Braulio Vázquez, un trabajador con 20 años de aporte.
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Braulio falleció esperando un cateterismo que nunca llegó. Su familia, en un acto de desesperación, llegó a costear de su propio bolsillo insumos, por valor de G. 11 millones, pero chocaron contra otra barrera: la inoperatividad de los equipos biomédicos del Hospital Central.
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Se constató después que la falta de mantenimiento y la avería de las máquinas de hemodinamia impidieron que el procedimiento se realizara a tiempo, sentenciando a Vázquez a una muerte evitable.
Un sistema que “mata” al asegurado
En la última semana, las denuncias contra las autoridades del Consejo de Administración del IPS, presidido por Jorge Brítez, no han cesado. Los gremios de asegurados se encuentran en “pie de guerra”, exigiendo renuncias masivas ante lo que califican como una gestión criminal.
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Esta crisis institucional del IPS inició con la falta de turnos para consultas y las farmacias vacías, que obligan a las familias de los internados a costear insumos básicos, enfrentando gastos que llegan a superar los G. 30 millones.
Mientras IPS se escuda en burocráticos procesos de licitación, leyes de suministro y “capacidad interna” para el mantenimiento de equipos vitales que no tienen contratos vigentes, la realidad en los pasillos de sus hospitales es devastadora. Lejos de cumplir su misión, IPS se ha convertido en un sistema que en lugar de sanar, condena.