25 de octubre de 2026

Una familia cuyo paciente está en el Hospital San Jorge expone una cruda realidad: cómo deben enfrentar las dificultades para conseguir medicamentos. Además, saca a la luz la venta irregular de insumos dentro del predio, aprovechando la desesperación que atraviesan en busca de fármacos.

La Contraloría General de la República (CGR) presentó ante el Ministerio Público un reporte de indicio de hecho punible en la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN) por un supuesto daño patrimonial de G. 793 millones. Esta denuncia se desprende del estudio documental que el ente contralor hizo a la gestión del 2020, durante la pandemia del coronavirus.

La falta de recursos en el sistema de salud pública -en momentos en que el Congreso busca asignarse un “autoaumento” en el Presupuesto General para 2025- obliga a que los pacientes que necesiten insumos costosos se vean obligados a lidiar con la burocracia de solicitar ayuda a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social.

La aprobación en Diputados de la denominada ley “antipolladas” genera curiosidad con respecto a las implicancias de su potencial promulgación. ¿Qué implica la ley? ¿Cómo se financia? ¿Quién administrará los fondos? Encontrá las respuestas en esta nota.

Desde el 28 de mayo de este año, un paciente del Hospital Nacional de Itauguá (HNI) de 9 años aguarda la compra de un botón de gastrostomía por parte de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben). Según la madre, la dirección hasta ahora no ha recibido el insumo a pesar de haber hecho todos los trámites. El director, Fernando Ortellado, respondió que le extraña que se les haya pasado un caso así.

Una comitiva encabezada por el asesor jurídico de la Diben, Gustavo Morínigo, intervino la oficina regional de la institución en Ciudad del Este, luego de que Elías Martín Godoy Torres, hijo de la diputada Roya Torres, haya usurpado la sede para fingir que estaba trabajando.