Luego de que a inicios de febrero el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) confirmara el cierre de la financiación por más de US$ 215 millones para el polémico viaducto elevado en Luque, los ciudadanos buscan defender el patrimonio.
Los luqueños califican al proyecto de “ilegal”, teniendo en cuenta que no se realizó una licitación, por lo que no corresponde ninguna adenda al contrato, alegan.
“Si no forma parte de la concesión de la ruta PY02 la Ecovía necesita una nueva concesión y sí o sí debía pasar por el Congreso. La ministra (del MOPC), no tiene atribuciones para dar la concesión”, manifiesta Myriam Ramírez, vecina.
Agrega que la Ministra Claudia Centurión comete un crimen al cobrar peajes que no fueron creados por ley.
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Aseguran que no existe la franja que supuestamente pertenece al Estado y de la cual quieren apropiarse. “Se trata de una senda histórica, protegida por la Constitución Nacional”, refiriéndose a patrimonios, escuelas y la estación del ferrocarril.
El paquete de obras, autorizado como parte de la concesión de la ruta PY02 mediante la adenda siete, incluye la construcción de una autopista elevada de cuatro kilómetros que atravesará una amplia franja urbana de la ciudad de Luque, además de la ampliación y, en algunos tramos, la duplicación de las rutas Luque–Areguá y Luque–San Bernardino, que se conectarán con la PY02 en la zona de Ypacaraí.