Para la Coordinadora de la Migración Paraguaya (Comipar), este acuerdo entre el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentado como un “hito para la institucionalidad paraguaya” resulta contradictorio frente a lo que denominan una “obstaculización deliberada” de los derechos políticos de los paraguayos residentes en el extranjero.
Un padrón que no refleja la realidad, denuncian
La brecha entre la población migrante y su representación electoral es, según las cifras presentadas, alarmante.
A pesar de que se estima que 1.500.000 paraguayos viven fuera del país, la participación oficial es mínima.
- Meta de inscripción 2024: 100.000 personas.
- Registros alcanzados: 56.000 personas.
- Representatividad real: menos del 5% del total.
“Estas cifras no responden a falta de interés, sino a políticas deliberadas que limitan nuestra participación”, afirma el comunicado, señalando directamente a la “Ley Mordaza Migrante” y la derogación de la Ley 6951 como herramientas de silenciamiento político.
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Urnas electrónicas
Otro de los puntos críticos del reclamo es la implementación de las urnas electrónicas. Comipar exige la suspensión de este sistema hasta que existan garantías claras, auditorías independientes y supervisión internacional.
La organización teme que la falta de transparencia tecnológica, sumada a los bajos niveles de inscripción, termine por socavar definitivamente la integridad del voto migrante.