Mientras los hospitales públicos siguen siendo escenario de polladas y rifas para costear insumos básicos, una nueva “muralla” burocrática se levanta desde el Poder Ejecutivo. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha impuesto una rigidez presupuestaria que prohíbe cualquier compra o recepción de insumos sin disponibilidad de fondos previos.
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Para la comunidad médica, esto no es “responsabilidad fiscal”, es una sentencia de desabastecimiento. La doctora Nancy Garay, jefa de Cardiología del Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu”, dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), criticó la rigidez administrativa impuesta por el MEF, asegurando que los criterios contables no pueden primar sobre la vida de pacientes en terapia o cirugías.
Garay, una de las voces médicas más prominentes en lo que respecta a la defensa de los recursos para pacientes pediátricos con patologías complejas, fue tajante al analizar las implicancias de la Circular N° 004/2026 emitida por Salud Pública, que acata las órdenes del MEF. Con 30 años de experiencia “en el campo de batalla”, Garay advierte que esta medida empeorará la falta crónica de fármacos.
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“Esto va a desencadenar un caos. Tomen mi palabra. No podemos esperar a que un economista evalúe la conveniencia de hacer un mantenimiento de urgencia a una máquina de cateterismo o si vale la pena comprar marcapasos y válvulas. Una persona que no es médica no puede disponer si se llama o no a licitación basándose solo en el presupuesto mientras la familia padece la urgencia”, aseveró.
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Otros directores de hospitales de referencia -que pidieron omitir sus nombres por temor a represalias laborales- comparten la ‘extrema preocupación’ de la doctora Garay. Los profesionales coinciden en que la rigidez presupuestaria no es solo un trámite administrativo, sino una barrera que agudizará la crisis operativa, dejándolos expuestos y sin capacidad de respuesta ante desabastecimientos.
Cero flexibilidad ante la vida o muerte
La profesional destacó que áreas críticas como Terapia Intensiva, Neonatología y Cirugías serán las más golpeadas. Según Garay, la operatividad de los médicos que están frente al paciente se verá directamente afectada por decisiones tomadas detrás de un escritorio.
“Lo que va a pasar es que el paciente volverá a recibir la receta en mano para ir corriendo a la farmacia de enfrente a comprar lo que el Estado no provee”, lamentó.
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La disposición del MEF (Nota N° 71), bajo la firma de Carlos Fernández Valdovinos, afirma que “no se reconocerán deudas del Estado por bienes entregados sin el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)” y, que en casos “excepcionales”, se requerirá un farragoso informe técnico y la autorización del Equipo Económico Nacional (EEN). Sin embargo, este proceso puede tardar meses mientras el stock de las farmacias hospitalarias llega a cero.
El documento resalta además que, si se pasa por alto la formalidad administrativa, el responsable se enfrenta a responsabilidades civiles y penales.
La postura oficial: “Es una medida de control”
Desde el Ministerio de Salud, el viceministro Saúl Recalde intentó calmar las aguas, pero reconoció que deben acatar los puntos de trabajo puestos por el MEF. Según Recalde, se trata de una medida para “transparentar la gestión” y evitar que la deuda con las farmacéuticas —que ya supera los US$ 800 millones— siga creciendo.
Recalde aseguró que el "sistema no colapsará" y que los servicios esenciales están garantizados. Sin embargo, admitió: “Yo no voy a quemarme con el pueblo por temas administrativos. Exijo que el proceso sea correcto, pero que se le provea a la gente”.
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Con un presupuesto aprobado de US$ 490 millones para 2026 —cifra ínfima frente a la deuda acumulada— el sistema de salud paraguayo enfrentará un año en que la “sostenibilidad financiera” prevalecerá sobre las necesidades sanitarias de los paraguayos.