Director jurídico de IPS se complica aún más: esto confirma el contralor

José Antonio González Maldonado, nuevo director jurídico del IPS.
José Antonio González Maldonado, nuevo director jurídico del IPS.ABC Color

El contralor Camilo Benítez confirmó que las recientes declaraciones de José “Jose’i” González, director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), revelaron situaciones “al menos administrativamente irregulares”. Adelantó que sus últimos justificativos “nos obligan a verificar extremos que antes no hubiéramos hecho”.

Luego de que el director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José “Jose’i” González Maldonado, cayera en contradicciones al querer justificar su crecimiento patrimonial de 215% en apenas 15 meses, el contralor Camilo Benítez manifestó que cometió “un error” al exponer un manejo discrecional y administrativamente irregular de fondos que, en la práctica, derivó en una autoincriminación respecto a sus declaraciones juradas.

El funcionario intentó justificar este aumento mediante el cobro de G. 412.500.000 en concepto de honorarios por un acuerdo extrajudicial con el Consorcio Sudamericano Hotelero SA.

Sin embargo, lo que se inició como una defensa terminó siendo una confesión de irregularidades:

  • La centralización del cobro: González admitió haber recibido la totalidad del dinero en su cuenta personal para luego “repartirlo” discrecionalmente entre otros abogados de la previsional.
  • Falsedad en declaración jurada: el contralor señaló que González “declaró mal”, ya que incluyó el IVA como patrimonio propio y no registró las supuestas deudas o transferencias a sus colaboradores en el apartado de pasivos.
  • Falta de justiprecio judicial: el sistema permite que los directores jurídicos decidan quién cobra y cuánto, sin un control externo que valide el trabajo realizado.

“Es una situación cuando menos administrativamente irregular el hecho de que él haya cobrado y después repartido el dinero. Esa entrevista (a González) nos obliga hoy a verificar extremos que antes no hubiéramos hecho”, manifestó a la 1080 AM.

Si bien Benítez defendió que los abogados del Estado tengan “estímulos” para litigar contra grandes bufetes privados, advirtió que el vacío legal actual permite abusos económicos históricos contra el erario público, “soborno encubierto”.

Explicó que, sin una sentencia judicial de por medio, los acuerdos extrajudiciales donde se pactan quitas importantes a deudores a cambio de honorarios directos para los funcionarios deben ser investigados bajo la lupa de la trazabilidad financiera.