“Se informa en relación a la Nota PR N° 939/2023 de la Presidencia del Instituto de Previsión Social (IPS), que hace mención a la Ley N° 7050/2023 que aprueba el PGN 2023 (...) en relación a deudas de pagos a proveedores y contratistas por servicios prestados fuera de la vigencia de un contrato”, reza el inicio del dictamen N° 18/2023 del 4 de diciembre de 2023, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El análisis partió del argumento de la administración de Jorge Brítez, que alegaba el deseo de “honrar deudas” con proveedores cuyos contratos ya habían fenecido. Tras verificar las bases legales, una de ellas la Ley N° 7050/2023 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación ejercicio fiscal 2023”, el MEF concluyó que los pagos debían imputarse estrictamente conforme al clasificador presupuestario del ejercicio fiscal en que se prestaron los servicios.
Acto seguido, el MEF lanzó una advertencia contundente: “En lo sucesivo, no deberán realizarse contrataciones de bienes y servicios sin que la Entidad cuente con disponibilidad presupuestaria y financiera y sin contar con un contrato vigente”, bajo advertencia de incurrir en infracciones a los artículos 82 y 83 de la Ley N° 1535/99 de Administración Financiera del Estado.
Lejos de cumplir la recomendación, la Dirección Jurídica del IPS, liderada por José “José’i” González y respaldada por la jefa de Dictámenes, Jorgelina Gómez de la Fuente, utilizó solo una parte del dictamen para justificar los “acuerdos extrajudiciales”. De esta manera, habilitaron el uso del rubro 915 “Gastos Judiciales” para realizar pagos millonarios por servicios fuera de contrato ya durante 2024 e inclusive 2025.
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Pagos en tiempo récord
Mientras insumos básicos y fármacos para los asegurados sufren retrasos, la “efectividad” de los gastos judiciales quedó plasmada en la resolución CA N° 081-007/2024 del 8 de octubre de 2024, un documento oculto a la ciudadanía y al que tuvo acceso ABC.
En dicha disposición, firmada por los consejeros Jorge Brítez, Gustavo González, José Emilio Argaña y Víctor Insfrán, se aprobó la homologación de un acuerdo extrajudicial con la empresa Wels SA. Esta firma está representada por Óscar Mongelós y tuvo como socio -hasta mayo de 2023- a Manuel Peña, hermano del presidente Santiago Peña.
El pago aprobado fue de G. 4.779 millones por servicios prestados fuera de contrato entre el 11 de abril y el 31 de agosto de 2024; es decir, mucho después del ejercicio fiscal 2023 analizado por el MEF. Mediante un auto interlocutorio (AI N° 694) del 22 de octubre de 2024, la jueza Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Vigésimo Cuarto Turno, Alejandra Zavala, homologó el acuerdo, habilitando el desembolso. En resumen, en menos de dos meses, la previsional logró “blanquear” y pagar una deuda nueva a través del rubro 915 “Gastos Judiciales” y sin contrato vigente.
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Otra situación similar se detalla en la resolución CA N°042-009/2025, por la cual se aprobó un “acuerdo extrajudicial” con el Consorcio Central (Mariela Molas) para el pago de G. 10.726 millones a través del rubro 915 “Gastos Judiciales”.
El periodo fuera de contrato en que se prestó el servicio, según la disposición, era del 30 de julio de 2024 al 6 de noviembre de 2024.
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Responsabilidad e infracciones
Los Arts. 82 y 83 de la Ley 1535 mencionan la responsabilidad legal e infracciones con relación al uso de fondos públicos. Por su parte, el IPS emitió ayer un comunicado en el cual solo citó de nuevo el dictamen del MEF y las “deudas heredadas”. ABC intentó ayer nuevamente obtener la versión de José González, pero reenvió el mensaje que “opta por la vía escrita”. En tanto, la funcionaria Jorgelina Gómez de la Fuente no atendió las llamadas ni respondió los mensajes.