A dos meses de la constatación municipal de la masiva tala de árboles nativos en Trinidad, los vecinos exigen al intendente, Luis Bello (ANR-cartista) sanciones ejemplares contra los responsables. El 3 de enero, pese a que la autorización para la construcción de una gasolinera en la esquina de Santísima Trinidad y Cirilo Gill fue revocada, la empresa Fuelpar procedió al derribo indiscriminado de la vegetación.
Pobladores del barrio volvieron a manifestarse el jueves, para denunciar lo que consideran una absoluta inacción, tanto de la Municipalidad de Asunción como de la Fiscalía Ambiental ante este atropello ecológico. Los residentes recalcan que, hasta la fecha, los responsables no han enfrentado multas, amonestaciones ni sanciones legales por el desmonte realizado.
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Jorge Paredes, representante de los vecinos, señaló que, ante el estancamiento de las investigaciones, los pobladores seguirán organizando vigilias constantes y manifestaciones para alertar sobre la grave irregularidad de las obras proyectadas. El objetivo, dijo, es informar a la ciudadanía que el predio se mantiene vallado, generando confusión sobre qué construcciones cuentan realmente con permisos legales.
Desde la comuna, el director de Asuntos Jurídicos, Jorge Sabaté, indicó que el sumario administrativo ante el Juzgado de Faltas sigue actualmente su curso, pero que informaría del estado de las actuaciones a partir de la próxima semana. En tanto, recordó que la Fiscalía Ambiental mantiene abierta una carpeta de investigación por el supuesto delito ambiental cometido en el predio.
Nuevo permiso “maquillado”, denuncian
Paredes apuntó nuevamente al Ministerio del Ambiente (MADES), entidad a la que acusan de haber otorgado una nueva licencia ambiental “disfrazada” como un ajuste al plan de gestión ambiental para facilitar la polémica construcción. Según los vecinos, mediante la Resolución N° 5365/2025 de la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales, se buscaría evadir las restricciones vigentes y favorecer intereses empresariales particulares.
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Jorge Rolón Luna, representante legal de los vecinos, ya había denunciado un grave conflicto de intereses, señalando que una funcionaria activa del MADES realizó la evaluación de impacto ambiental que luego fue evaluada por el Ministerio. Según el abogado, esta complicidad institucional permitió que la empresa Fuelpar operara de manera intermitente bajo una supuesta compensación que los vecinos rechazan.
Según los pobladores, el barrio Trinidad sufre actualmente de un descontrolado crecimiento urbanístico, con la saturación de complejos edilicios y otras estaciones de servicio en áreas que antes eran residenciales. Esta situación degrada la calidad de vida y destruye la identidad histórica y natural del vecindario, reclaman.
Autorización ilegal
Rolón Luna, representante de los vecinos, había advertido que la autorización original, otorgada bajo la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), poseía vicios legales de fondo que son considerados insalvables. Entre ellos, cuestionaba el uso de una acción de inconstitucionalidad “prestada” de otra empresa, inviable en el sistema legal paraguayo.
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Mediante esta maniobra, el proyecto habría intentado pasar por algo la Ordenanza 7/2011, que prohíbe instalar gasolineras a menos de mil metros de otra estación de servicio ya existente. Al ubicarse exactamente frente a un surtidor activo, la obra carece de racionalidad y eleva innecesariamente los riesgos de seguridad.