La Defensoría del Pueblo emitió hoy un comunicado oficial reclamando la violación del derecho humano al acceso a la higiene. El pronunciamiento surge tras la denuncia de una niña a quien se le prohibió usar el baño en una escuela de Ñemby. La menor no contaba con el dinero exigido por la institución para poder acceder al servicio sanitario escolar.
El incidente ocurrió en la Escuela Básica n.º 3222 “Cerrito”, donde una alumna se orinó en su propio uniforme. Según la denuncia de la madre, la niña no contaba con los G. 500 que se cobraba habitualmente por el uso del sanitario. Su madre denunció, sin embargo, que en ese momento, la encargada del lugar le exigió incluso la suma de G. 2.000.
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El cobro fue una iniciativa de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE) para poder comprar insumos de limpieza. Los fondos recaudados también están destinados al pago de la persona encargada de realizar los cobros diarios. La medida busca solucionar la falta de recursos para el aseo de las instalaciones de la institución.
La directora de la institución, Tomasa Brítez, aclaró que la medida fue aprobada por los padres y solo se implementó durante un día. Según la docente, existía la instrucción de permitir el acceso gratuito en casos de suma emergencia o urgencia. Los directivos afirmaron haberse enterado de la situación de la alumna a través de las redes sociales.
La postura del defensor del Pueblo
El defensor del Pueblo, Rafael Ávila, subrayó en el comunicado que el acceso a servicios básicos es un derecho fundamental e inalienable. Por ello, manifestó una profunda preocupación institucional ante el trato recibido por la niña en su entorno escolar. La Defensoría enfatizó que la salud y el bienestar de los estudiantes son siempre prioridades absolutas.
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En el comunicado, señala que este derecho no puede estar supeditado al pago de dinero ni a decisiones administrativas y que el interés superior del niño debe prevalecer siempre sobre cualquier acuerdo interno tomado por las autoridades o los padres. Ninguna normativa institucional puede ignorar los principios protegidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, remarca.
Ávila rechazó categóricamente cualquier práctica que genere humillación o afectación emocional en los estudiantes. Los entornos educativos deben garantizar protección, respeto y contención integral para todos sus alumnos regulares, remarcó. Consideró inaceptable que se condicione una necesidad biológica básica a la capacidad económica del estudiante.
Finalmente, instó a las autoridades a revisar urgentemente estas decisiones para evitar que hechos similares se repitan. La Defensoría del Pueblo anunció que realizará un seguimiento cercano al caso y a las medidas que tomen las autoridades competentes. El objetivo es asegurar entornos escolares seguros, dignos y respetuosos en todas las instituciones.