Isidro Vera, poblador de la Isla Yasyretá, señaló que, después de las elecciones de 2023, dos grupos de la oposición habían denunciado supuestos hechos de adulteración en los resultados, los cuales se atribuyeron a manipulaciones en el sistema. Las dudas generadas en esa ocasión no se lograron disipar hasta la actualidad.
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A esta situación se suma otro elemento: el alquiler de las máquinas, teniendo en cuenta el incendio en el depósito de la Justicia Electoral. El siniestro terminó consumiendo las urnas que estaban guardadas en el lugar, y también un guardia perdió la vida.
Ante la urgencia del momento, se alquilaron las urnas; posteriormente, sin que se pudiera dar la verificación, se volvieron a enviar a su lugar de origen. Es por ello que existen dudas y sospechas de que las máquinas ya vinieron cargadas, y así se volvieron a ir. Ahora, que nuevamente la Justicia Electoral aprobó un presupuesto para poder alquilar otra vez las urnas, las dudas se hacen más fuertes.
En otro momento, Vera señaló que existe un planteamiento en el que el senador Éver Villalba (PLRA), junto a otros legisladores, busca instalar incertidumbre sobre la seriedad de la urna electrónica. Por ello, existen conversaciones acerca de que los cargos unipersonales, como presidente, vicepresidente, gobernadores e intendentes, se elijan a través de papeletas; mientras que los cargos plurinominales, como senadores, diputados, concejales departamentales y distritales, se elijan con urnas electrónicas.
“Habría que ver si hay tiempo para implementar esta modalidad en las próximas elecciones municipales”, manifestó.
Asimismo, mencionó que la Justicia Electoral defiende la fiabilidad de las urnas electrónicas, por un lado, porque responde a intereses políticos, y por otro, porque se sabe cómo se manejan las licitaciones y la gran cantidad de dinero que se mueve para el alquiler, entre otras cuestiones. Si se cambia el sistema, la institución perdería el control sobre esos recursos y también sobre las cuestiones políticas.
Esta situación, afirmó, genera cuestionamientos sobre la transparencia del sistema y sobre el control que se tiene sobre los recursos del proceso electoral.
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