La sede del Registro Unificado Nacional (RUN) se encuentra colmada de usuarios que buscan realizar diversos trámites, pero se topan con una excesiva tardanza para la gestión. Una persona que diariamente acude al sitio relató que se dan números desde las 7:00, por lo cual muchos optan por hacer fila desde las 6:00 para asegurar ser atendidos.
En su caso, contó que el miércoles sacó un número a las 10:00 y para las 17:00 no logró ser atendida. “A las cinco supuestamente se corta el sistema y ya no se puede dar entrada; es inhumano”, se quejó y agregó que, así como ella, alrededor de 50 personas que siguieron sacando números hasta el mediodía no lograron acceder a la atención.
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Comentó que el martes hubo una falla en el sistema, situación que se extendió desde las 9:00 hasta las 15:00 aproximadamente, dejando a muchos gestores sin poder dar entrada a sus documentos. En ese sentido, resaltó que la unificación de los trámites catastrales y registrales que rige desde este año, lejos de simplificar las gestiones, incrementó la burocracia.
El cuestionamiento apunta al sistema de entrega de tickets que los obliga a aguardar por cada paso que requiere un trámite, algo que anteriormente podían realizar con mayor agilidad. “Antes podíamos hacer al mismo tiempo si una ventanilla de salida estaba libre; entonces mientras esperábamos un turno hacíamos ya otra cosa”, explicó.
La usuaria calificó la situación como un retroceso y señaló que también tropiezan con expedientes que salen “excesivamente tarde y con observaciones sin motivo. La directora dice una cosa, pero la realidad es totalmente otra cosa; ella dice que acá es mucho más accesible y más ágil, pero es todo lo contrario”, manifestó.
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Sistema unificado desde enero
La creación del Registro Unificado Nacional fue presentada como una reforma estructural necesaria para fortalecer la seguridad jurídica, transparentar la información y ordenar la delimitación de los derechos de propiedad.
El nuevo organismo funciona como un ente técnico-administrativo bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia, con atribuciones de contralor sobre el catastro nacional y los registros públicos de bienes y derechos. Sin embargo, la concentración de funciones y la complejidad del proceso motivaron la queja de gremios como el de los escribanos sobre la real capacidad del Estado para absorber y coordinar estas tareas sin afectar la prestación de los servicios.
